Es por eso que fue lanzada la campaña “Alimentemos los derechos”, que busca crear conciencia y así acciones concretas sobre la urgencia de atender las realidades que hacen a la prestación alimenticia como un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes, atendiendo que es el juicio más recurrente en Paraguay.

En el 2015 se han iniciado al menos 7.400 solicitudes de juicios de asistencia alimenticia, según datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia que son resaltados en el estudio, incluyendo demandas de asistencia alimenticia prenatal, aumento o disminución de asistencia alimenticia y asistencia de parientes. Esto indica que este tipo de juicio (y los vinculados al fuero de la niñez), es uno de los recursos judiciales más utilizados en nuestro país.

No obstante, los juicios de asistencia alimenticia serían la “punta del iceberg” sobre la situación en la que se encuentra Paraguay en relación a la garantía del derecho alimentario, desde el paradigma de la protección integral.

En el Poder Judicial, la Corte Suprema identificó la existencia de falencias considerables en la atención y la exigibilidad del derecho de asistencia alimenticia (especialmente cuando los beneficiarios son niñas, niños y adolescentes), que generan dificultades en el acceso a la justicia.

En ese sentido, en el estudio se observa la necesidad de que desde la Corte se generen espacios sistemáticos de discusión técnica y doctrinaria entre los distintos operadores del sistema de justicia, a la luz de la doctrina de la protección integral, los instrumentos internacionales, las recomendaciones de diversos organismos al Estado y las sentencias de tribunales internacionales, para identificar casos paradigmáticos y generar aprendizaje para buenas prácticas.

Esta es la conclusión a la que llega un estudio realizado sobre los juicios de asistencia alimenticia y su vinculación con el derecho a la protección en Paraguay, elaborado en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), e implementado por el Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CEAMSO).

Una comitiva fiscal y policial allanó una metalúrgica, donde supuestamente adulteraban los números de chasis de camiones y semirremolques robados en Brasil. El procedimiento se realizó ayer en la ciudad de Santa Rita, por los agentes del Departamento de Control Automotores de Alto Paraná.

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Asimismo, los intervinientes incautaron varias evidencias y un semirremolque que habría sido hurtado en la ciudad brasileña de Tubarão, estado de Santa Catarina.

El semirremolque hallado en la metalúrgica es de la marca Noma de tres ejes, con el chasis adulterado. Además, se incautaron de varias plaquetas de seguridad presumiblemente apócrifas y documentos de vehículos.

El agente fiscal Alberto Torres, quien encabezó la comitiva, dispuso la incautación del semirremolque, así como de las otras evidencias, además ordenó que los antecedentes sean remitidos a su unidad para la investigación correspondiente.

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El tema saltó al tapete en las últimas horas, tras anuncios de que el importante caudal de armamento, ya había sido entregado a las fuerzas de seguridad interna, para acoplarlo al arsenal que se tiene para el combate al crimen organizado.

Dakovo es hasta la actualidad, la operación más importante que se ejecutó en contra de bandas criminales dedicadas al tráfico internacional de armas, en el que están envueltos e imputados altos exjefes militares, empresarios y funcionarios de la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel).

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El ala empresarial de la trama estuvo liderada por el empresario argentino Diego Dirisio, quien era proveedor de armas del Ejército paraguayo, pero que utilizaba ese estatus, para realizar contrabando de armas que iban destinadas a los cárteles mafiosos de Brasil, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

La traba que ahora pone el juzgado de la causa para la entrega de las armas a la Policía desató suspicacias en ámbitos del legislativo, en donde señalan que, en momentos de extrema necesidad de dotar recursos a la Policía, se dilata la remisión del arsenal requisado.

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• Por Cinthia Mora

La actual administra­ción de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una audito­ría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.

La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligen­cia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la uni­dad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.

En ese sentido, consta en el documento final de la audi­toría, remitido al Ministe­rio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Direc­ción de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Gui­llermo Preda, René Fernán­dez y Carlos Arregui”.

Testimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtración

Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina mon­tada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “para­lela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía direc­tamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar polí­ticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Otra funcionaria de la Sepre­lad cuyo testimonio confirma que las unidades de investi­gación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se des­empeñaba como analista senior de la Dirección de Aná­lisis Financiero y Estraté­gico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingre­saban hasta esa oficina per­sonas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investiga­ción Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.

De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, espe­cialmente de la Senad, ingresa­ban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtra­ciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.

La auditoría interna de Sepre­lad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habi­tual el ingreso de personas que no contaba con la autoriza­ción debida y sin el acompaña­miento necesario, lo cual cons­tituye una violación de normas institucionales e internaciona­les que establecen restriccio­nes en el acceso a estas áreas”.

El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba res­pecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligen­cia Financiera) las áreas que poseen informaciones reser­vadas se tienen que tener acce­sos restringidos al público y solo pueden acceder los fun­cionarios acreditados.

PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD

Audios filtrados de una reu­nión en la Secretaría Anti­drogas (Senad), entre el exmi­nistro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa ins­titución para forzar la inclu­sión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría regis­trado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en con­tra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coinci­dencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo meca­nismo montado, utilizando toda la artillería estatal dis­ponible para perseguir a los enemigos políticos del expre­sidente Abdo Benítez.

Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad

IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT

El esquema paralelo que fun­cionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia orga­nización encargada de la eva­luación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafi­lat). Sin embargo, la admi­nistración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las adver­tencias y recomendaciones exponiendo al país a even­tuales sanciones.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor canti­dad de filtraciones de informes confidenciales desde la Sepre­lad, se consignó lo siguiente:

“Respecto del uso de la infor­mación por parte de las auto­ridades destinatarias, (…) pre­ocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Unidad de Inteli­gencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas comple­tas del informe de inteligencia, y algunos medios han enun­ciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los epi­sodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.