Corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son áreas de investigación en las que se especializó la fiscal Liliana Alcaraz en todos estos años, según lo reveló ella misma, tras ser confirmada por Santiago Peña como la titular de la Seprelad del Gobierno electo.

Consultada acerca de qué le pidió Peña al convocarla para el cargo, indicó que Gafilat fue uno de los principales temas de conversación.

“Verificar cómo estamos en cuanto a la agenda de Gafilat, sabemos que, si bien Paraguay pasó el examen de Gafilat, estamos en un periodo de seguimiento, entonces, cumplir con todos esos  plazos y reunirnos ya con el actual ministro  de Seprelad y con los coordinadores de cada una de las instituciones que forman parte de lo que es la evaluación, para poder cumplir con los  requerimientos y con las sugerencias recibidas”, relató la futura ministra.

Nota relacionada: Liliana Alcaraz será ministra de la Seprelad

Consideró que, se deben fortalecer todas las instituciones, a fin de trabajar de manera coordinada, pues, el hecho de haber pasado la evaluación, fue un logro de todos y se debe seguir por esa senda.

Aseguró que, se encuentra en condiciones de volcar toda la experiencia adquirida en el Ministerio Público para continuar trabajando por un Paraguay mejor.

El último informe de Gafilat indica que, en general, Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del LA (Lavado de activos), sin embargo, en la práctica el número de investigaciones, procesos y condenas por LA se considera bajo, conforme al nivel de las amenazas existentes en el país. Asimismo, las sentencias condenatorias dictadas, en su mayoría, involucran esquemas de lavado simples o poco complejo

Se aprecia que la prestación de cooperación internacional es acorde a los riesgos identificados por el país y que esta se conduce con países fronterizos, principalmente con Brasil y Argentina, siendo el primero en mayor medida.

Lea también: Pagos Instantáneos y sus nuevas funciones, entre ellas, devolver transferencias recibidas por error

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.