Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

Un sinfín de emblemáticos casos de corrupción de la actual administración del Estado podría quedar en la nada teniendo a un designado en la Fiscalía General del Estado “a la medida”.

La persona que sea designada como Fiscal General del Estado nacerá con las manos atadas, a merced del oficialismo, al ser una directa imposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Con esta definición en el Ministerio Público, numerosos casos de corrupción que se cometieron durante los últimos años podrían ir al opareí.

Fueron varios los actos entreguistas cometidos por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo el más escandaloso el acuerdo secreto de Itaipú firmado en  mayo del 2019, que contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura, a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo.

Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil, que implicaba el pago de 7 millones de dólares a favor de la empresa argentina. En este caso, aparecieron Sergio Coscia, Denis Lichi y Juan Ernesto Villamayor como las figuras detrás del pacto, pero solo el primero fue apartado del cargo.

Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil.

Durante la pandemia se registraron sonados hechos de corrupción: como el de los tapabocas de oro adquiridos por la DINAC, las botellas de agua tónica “anticovid” comprados por Petropar durante la gestión de Patricia Samudio, la megaescandalosa compra de Salud de los insumos chinos al clan Ferreira, la fallida compra de las vacunas con el mecanismo Covax, la tardanza en la inmunización de la población que pudo evitar miles de vidas si se hacía a tiempo, el uso de los 1.600 millones de dólares a discreción por el Ejecutivo en el marco del combate a la pandemia, entre otros.

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Otros emblemáticos casos de corrupción se dieron en el IPS (con las licitaciones direccionadas, incumplimiento de contratos para la limpieza de sus sedes, la falta de medicamentos, y la negligencia médica), en el INDERT (con las coimas para regularización de tierras), en el MOPC (con la cuestionada pasarela de Ñanduti, las sobrefacturaciones y los contratos de consultores VIPS en la administración de Arnoldo Wiens). 

Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor.

Ante el récord de envío de cocaína al extranjero durante la actual administración, no pueden dejarse de citar los vínculos narcos del Gobierno de Marito, con Arnaldo Giuzzio a la cabeza, seguido del actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens. A ambos políticos se los ligó con el presunto narco detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, y además estuvieron envueltos en una “oscura” reunión con el narcotraficante Ezequiel de Souza. 

Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor, como el escándalo internacional de PDVSA por un intento de arreglo de la deuda con Paraguay; el pedido de sus exsecretarios de una coima de USD 2 millones para impedir que Darío Messer sea extraditado al Brasil; y la cancelación de la visa por orden de Estados Unidos.

No pueden dejarse de citar los vínculos narcos del Gobierno de Marito, con Arnaldo Giuzzio a la cabeza.

Así también, el exministro de Urbanismo, Dany Durand, evitó la apertura y un manejo transparente del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) e incluso llegó a instar a escrachar a los diputados que pretendían modificar ese fondo.

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Los casos más recientes del Gobierno fueron la rebaja de la tarifa de Itaipú para beneficiar a Brasil, y la venta de combustible más barato a los bolivianos, dejando de lado a los ciudadanos paraguayos.

El presidente de Copaco, Sante Vallese junto a Diego von Stauffenberg, vocero oficial de Rivada Networks, firma que planteó la operación de arrendamiento del espectro de Vox.

Esta semana saltó otro acuerdo entreguista relacionado al arrendamiento del espectro de VOX-Copaco en favor de una empresa extranjera por valor de US$ 10 millones durante 20 años. Este acuerdo fue manejado en forma secreta y viola la ley de telecomunicaciones. 

No existen las garantías que estos emblemáticos hechos de corrupción, solo por citar algunos, sean investigados por la Fiscalía en marzo del año que viene cuando entre en funciones la nueva autoridad afín al presidente Mario Abdo Benítez. 

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.