En la sesión de esta noche, el Consejo de la Magistratura admitió a las fichas del presidente Mario Abdo Benítez para la Fiscalía General del Estado. Los candidatos del oficialismo son Carlos Arregui, Mónica Seifart, Cecilia Pérez y René Fernández.

En contrapartida fueron excluidos, 11 abogados, 2 fiscales, 1 asistente fiscal y 1 juez que también deseaban ocupar el cargo. Mientras que otros dos postulantes decidieron renunciar.

De esta manera continúan en contienda 36 postulantes, con una clara preferencia hacia los candidatos oficialistas.

Eso pudo evidenciarse cuando se analizó la situación de René Fernández, ministro de la Seprelad. Este candidato no presentó constancia de haber sido sancionado o percibido por la Corte o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (por esta situación otros postulantes fueron descalificados). En una primera ronda obtuvo cuatro votos por la admisión y otros cuatro por el rechazo. Sin embargo, en una segunda ronda hubo cambios de postura entre los consejeros, como el caso del ministro Engenio Jiménez Rolón, quien se abstuvo y permitió así que el postulante de Marito tenga cuatro votos a favor y solo tres en contra.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura evidenciaron una completa flexibilidad en cuanto al cumplimiento del reglamento previsto para este tipo de procesos de selección para la Fiscalía General.

Otros favoritismos evidenciados se dieron con Carlos Arregui, Mónica Seifart y Cecilia Pérez, quienes son los candidatos de Marito.

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El Dr. Jorge Bogarín, representante del Gremio de Abogado en el Consejo de la Magistratura, indicó a la radio 650 AM que le llamó la atención el criterio que iban teniendo sus colegas y los cambios de postura de ciertos miembros.

“En algunos casos fuimos muy estrictos y en otros no. Con la admisión de postulantes, fue bastante fluctuante la votación, entonces puedo decir que hubo cambio de criterios con un candidato. Estoy 100% seguro (sobre irregularidades presentes), por eso voté como voté anoche. Es un cuerpo colegiado, lo que dice la mayoría es lo que se hace y hay que respetar”, argumentó.

Por otro lado comentó que los descalificados tienen 48 horas para hacer el reclamo y que sus candidaturas sean reconsideradas. En tanto que para el miércoles se prevé una sesión extraordinaria para aprobar los puntajes de idoneidad; el jueves será dicho examen y con eso terminará la primera etapa de este proceso de selección.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.