En entrevista con Radio Monumental, la abogada Cecilia Pérez, quien ayer fue confirmada como nueva viceministra de Política Criminal en reemplazo de María Alejandra Peralta, señaló que al momento de recibir la invitación de parte del ministro de Justicia, Eber Ovelar, para volver a formar parte de dicha cartera el principal pedido que le hizo fue “que le permita trabajar”.

“Yo le dije que necesitaba trabajar en cuestiones concretas, en proyectos. Este ministerio se incendia y aparte de eso tiene un problema de las cuestiones urgentes que se deben ver sobre las cuestiones importantes. Yo necesitaba saber si iba a tener la libertad de trabajar en las cuestiones técnicas porque acá hay que tomar medidas urgentes”, indicó.

Entre algunos de los aspectos que a su criterio deben ser revisados de manera pronta se encuentran las condiciones administrativas que hay dentro del sistema penitenciario, dado que existe una necesidad urgente de paliar el poco personal operativo en las cárceles.

Respecto a este mismo tema, mencionó que uno de los principales problemas tiene que ver con la corrupción imperante. Por ello, considera oportuno empezar un proceso de depuración y luego de eso equiparar los espacios que van quedando libres, pero ya sin meter a operadores políticos o amigos en los diversos cupos.

“No estamos para hacer compensaciones para los amigos en este ministerio y en estas condiciones, esa fue una condición que pedí (al ministro de Justicia)”, afirmó Pérez a la 1080 AM.

La misma aseguró que se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para hacer una contención en todo lo referente al ámbito, aunque también habló sobre proyectar una inversión a largo plazo y dentro de eso impulsar nuevamente la ansiada Reforma Penitenciaria.

Otro de los puntos sobre los que planea enfocarse es en el proyecto de “Instituto de Formación Penitenciaria” cuyo esquema ya había sido diseñado cuando ocupó el cargo de viceministra de Política Criminal durante el gobierno anterior.

En el mismo orden de cosas, habló sobre la necesidad de construir más cárceles, sobre todo porque actualmente se registra una escalada de comisión de hechos punibles y cada vez más personas necesitan ser derivadas a centros penitenciarios para guardar reclusión.

Pérez también se refirió sobre el estado en el que se encuentra la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y sostuvo que “es todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario” debido a las múltiples deficiencias por las que atraviesa hoy día, principalmente por el hacinamiento y la superpoblación.

A su criterio, “tarde o temprano” tanto la cárcel de Tacumbú como la del Buen Pastor deberían ser clausuradas de manera definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la mala ubicación geográfica de ambos presidios. “Los centros penitenciarios naturalmente no están en medio de la ciudad, si hay un episodio en el penal puede afectar a toda la zona. Hay ciertas medidas de seguridad extrema que son difíciles de aplicar si estamos en un barrio populoso, especialmente los bloqueadores de celulares, son aparatos muy caros y si uno pone en Tacumbú o el Buen Pastor anula toda la señal de la zona y el vecino no tiene por qué verse afectado”.

La viceministra indicó que hace unos años atrás ya se había hecho una tasación para determinar cuánto podría valer el inmueble de la cárcel de mujeres ubicada en el cruce de Mariscal López y Defensores del Chaco, además de un estudio para calcular cuál era el valor histórico del sitio.

En este caso, el plan contemplaba que el dinero recaudado con una eventual venta de la propiedad pueda ser utilizado para construir una nueva cárcel para mujeres, acorde a las exigencias y necesidades específicas de este sector de la población penitenciaria.

El abogado Oscar Tuma, representante de la senadora Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, cuestionó el fallo del juez laboral Rubén Darío López, quien hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la congresista que la desbloquee en la red social “X”.

“La senadora está bastante molesta. Estaba reticente a dar cumplimiento a la orden judicial, pero conversando, le expliqué que yo fui el proyectista de esa ley y que no se podía no acatar. Vamos a dar cumplimiento, porque cuando se apela se da sin efectos suspensivos. Es decir, se debe cumplir con el fallo del juez mientras se tramita el recurso de apelación. Le dije que le desbloquee, para que no viole la norma, y que ponga inactiva su cuenta hasta que se resuelva, como una señal de protesta”, explicó.

#AlAire970 | 📞 @oscartuma, abogado de la senadora Yami Nal

🗣️"Hoy vamos a presentar la apelación, tenemos tiempo hasta la medianoche".

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 30, 2024

En entrevista con la radio Universo, Tuma mencionó que, la ley de acceso a la información pública establece los canales oficiales para recurrir a los datos públicos, y señaló que debe diferenciarse entre las cuentas en redes que son públicas y las que son personales/privadas.

A su parecer, el juez no puede entender a su antojo la ley vigente o traer al plano local fallos que se hicieron en el exterior, ya que se debe cumplir con lo que dicen nuestras normas. “Este fallo puede ser algo catastrófico y puede afectar a todos. Todos tenemos derecho de recibir información pero por los canales oficiales”, remarcó.

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El examen se desarrolló en la sede de la institución, la aplicación fue en la modalidad de selección múltiple (23 Ítems de 1 punto cada una), tuvo una duración de noventa minutos, fue transmitido íntegramente en vivo por la página web y las plataformas de redes sociales @ConsejoParaguay en (YouTube, X y Facebook), que estuvo a cargo del equipo técnico de funcionarios que integran la Dirección de Comunicación Institucional y la Dirección de Informática TIC.

Horas antes de la aplicación del examen, en la sala de sesiones de la institución se realizó la entrega oficial del sobre lacrado que contiene el test del examen sobre los ejes temáticos de la Constitución de la República del Paraguay y la Ley Nº 4423/11 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.

La entrega estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, en carácter de docente de la Escuela Judicial y como designado para la elaboración del test. La recepción del sobre fue con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura Gustavo Miranda Villamayor, acompañado del Director Ejecutivo de la Escuela Judicial Isabelino Galeano y la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

Para el efecto y en cumplimiento a la reglamentación el examen fue de 23 puntos, equivalente a 1 punto cada pregunta, con la modalidad de selección múltiple y una duración de 90 minutos, los ejes temáticos fueron sobre la Constitución Nacional y Ley Nro. 4423/11 orgánica del Ministerio de la Defensa.

Finalmente se procedió ante la presencia de los Miembros del Consejo de la Magistratura, postulantes y representantes de medios de prensa a la corrección vía software de las hojas de gabarito a través del equipo de lectura electrónica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, posteriormente se dio a conocer la planilla de resultados de puntajes.

La nómina de puntajes se encuentra registrados con los puntajes actualizados en los respectivos perfiles de los postulantes en https://dg.cm.gov.py/index.aspx.

Presidió el examen, el presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Gustavo Miranda Villamayor, acompañado de los miembros, vicepresidente Abg. Gerardo Bobadilla, la Dra. Alicia Pucheta y el Abg. Enrique Berni. Asimismo, en el proceso de aplicación estuvieron presentes la Secretaria General del Consejo de la Magistratura, Cecilia Martínez, el director de la Escuela Judicial del Paraguay Isabelino Galeano, la Secretaria General de la Escuela Judicial, Nathalie Álvarez, la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

El fiscal José Silguero obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad para un hombre que asesinó a la dueña del inquilinato donde vivía y luego le hurtó su automóvil. Se trata de Aldair González Gómez (28), quien fue encontrado culpable por homicidio doloso y hurto agravado.

El juicio oral concluyó en el lunes pasado, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, ocasión en que el fiscal pudo demostrar la responsabilidad del acusado mediante la producción de numerosas pruebas documentales y testimoniales.

De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 5 de mayo de 2020 dentro de una pieza que el ahora condenado alquilaba, propiedad de la víctima Benicia Acuña de Galvao (55). La mujer fue asfixiada y recibió una herida producida con arma blanca (cuchillo) en el cuello.

La Fiscalía confirmó que González Gómez adeudaba varios meses de alquiler por la habitación y se presume que la dueña fue a exigir el pago, circunstancia en que se produjo el homicidio.

Tras el crimen, el autor huyó del lugar en el automóvil de la víctima, que posteriormente fue abandonado en el centro de Ciudad del Este. Mientras tanto, el criminal fue detenido días después en la zona de Caaguazú, siendo procesado y finalmente condenado a 20 años de prisión.

El Tribunal que aplicó la sanción estuvo presidido por la magistrada Lourdes Morínigo e integrado por sus pares Óscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.