El gran ausente en la Villa Serrana fue el presidente Mario Abdo Benítez, quien días atrás ya fue a Caacupé y evitó asistir este 8 de diciembre ante el temor a no ser bien recibido por los feligreses.

Durante la misa central por la celebración religiosa de la Virgen de Caacupé, el líder religioso Ricardo Valenzuela le dedicó (sin mencionarlo) unas palabras.

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Primero Valenzuela refirió que una preocupación fundamental es la situación y el manejo de la economía. “A duras penas hemos superado una pandemia y por poco, como resultado inmediato, no hemos caído en una debacle económica. Es necesario fijarse en el endeudamiento de nuestro país en cifras siderales, miles de millones de dólares, como deuda externa, que representa un altísimo porcentaje del producto interno bruto”, indicó.

Justamente, de acuerdo con los datos públicos, el alarmante nivel de la deuda pública, hasta el mes de septiembre, ya rondaba los 14.670 millones de dólares, que equivale al 35,8% del PIB. Del monto total adeudado, 11.812 millones corresponden a compromisos del Estado con los acreedores externos y los restantes 1.819 millones representan la deuda interna. En la administración actual, la mayor parte del endeudamiento fue para las obras públicas, y no hay que olvidar que la empresa distribuidora de asfaltos, declarada por Mario Abdo, creció 450% en sus importaciones en coincidencia con el impulso en la construcción de rutas a través del MOPC.

El obispo de Caacupé mencionó que no parece prudente hacer préstamos y más préstamos y aprobar, deliberadamente, un presupuesto deficitario; gastos y más gastos sin tener aún con qué pagar. “El panorama sombrío de nuestra economía apunta directamente a la quiebra con toda la consecuencia que se puede derivar. Nuestro país, cuya economía se centra en tres rubros principales: agricultura, ganadería y energía. El bajo valor agregado de las actividades productivas repercute en un alto desempleo o subempleo en tanto que la extracción de recursos naturales choca frontalmente con la conservación ambiental”.

“Cada tanto escuchamos que se tiene la idea de endeudarse más y más, inclusive para pagar sueldos y aumentos salariales de algún sector de los funcionarios públicos. No estamos en contra de que se pague bien a los trabajadores, pero frente a la precariedad de los recursos estatales, sobre todo en salud, educación, seguridad y justicia, es necesario cuidar los gastos”, agregó.

Por otro lado refirió que el Instituto de Previsión Social  (IPS) es una gran institución que atiende los problemas de salud de tantos trabajadores y obreros cumpliendo así un rol relevante en la sociedad. Y en ese sentido manifestó su preocupación en la propuesta de “meter mano” a los fondos de la previsional, lo cual es sumamente riesgoso para el futuro de miles de asegurados y sus respectivas familias.

“Cada tanto se hacen intentos de utilizar fondos del IPS, buscando atajos para solucionar, de modo imprudente y deshonesto, faltantes causados por el mal manejo de la administración de la República. Por eso, con fuerza profética, requerimos que se atienda a no despojar a los trabajadores de los recursos generados con su dinero ganado con esfuerzo y tenacidad. Los obreros tienen derecho a disfrutar plenamente de la asistencia sanitaria y que reciban su justa jubilación. Quitar al IPS de sus recursos resultará muy peligroso. Y nos preguntamos y preguntamos a los representantes que proponen estas posibilidades: ¿No sería el fin del seguro social? ¿Por qué los obreros deben pagar el costo de la mala administración de los gobernantes?”, cuestionó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.