“Nuestro mayor anhelo, como Iglesia, radica, en colaborar desde la formación de una conciencia cristiana para la reconstrucción de nuestro pueblo, de nuestra nación paraguaya, iluminar con la luz del Evangelio la historia del Paraguay”, refirió este jueves el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela.

Resaltó que es necesario plantear una evaluación de la realidad actual, no simplemente para criticarla sino para enmendar errores, corregir desaciertos, reorientar la vida de la nación con el fin de no experimentar aquella amarga profecía del Señor Jesús sobre su patria que se dibujaba amenazante para el futuro cercano de entonces.

El obispo hizo una mirada a todos los aspectos de la vida de la nación: los ámbitos social o político, la economía, la educación, la Iglesia, la ciencia, la administración de la justicia, los poderes del Estado y todo aquello que incide en la dinámica cotidiana de cada paraguayo: los pobres, indígenas, los sin tierra, la droga, el narcotráfico, el uso y abuso de la política entendida hoy como negocio y tráfico de influencia.

“No pocas veces se escucha, en ciertos círculos, la errónea e interesada idea de que “la Iglesia no debe meterse en política”, una equivocación conceptual que se debe refutar con el mismo texto evangélico que se suele esgrimir para pretender silenciar la voz profética y arrinconar el mensaje del Reino de Dios en las sacristías y en la intimidad de la conciencia individual, como nos decía san Juan Pablo II, en el Palacio de los López”, comentó.

En otro momento indicó que la Iglesia “no se mete en política”, como se acostumbra decir; más bien ilumina la política con la Palabra de Dios porque “la política debe ser la forma más alta de caridad” (citando al Papa Francisco). “Desde el Papa León XIII (1891) con su Encíclica Rerum Novarum la Iglesia ha mostrado, con mayor fuerza, su preocupación por los trabajadores, por las políticas económicas y el bien común (upe ñande rupytypava entérope)”.

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En otro momento resaltó que el Estado no puede sobrepasar sus límites ni hacer lo que quiera con la imagen de Dios que es el hombre y la mujer, el anciano, el joven y el niño nacido y por nacer porque no son propiedad de Estado sino del Altísimo Señor. Y aquí interviene la Iglesia en su misión profética y humanitaria.

Añadió: “La Iglesia está llamada a impulsar el desarrollo espiritual de los creyentes y de todas las personas sobre todo en un tiempo, como el nuestro, en el que el pueblo se siente asediado y acosado por ideologías extrañas y por propuestas políticas y modelos administrativos carentes de seriedad y de sustento moral”.

Señaló que “lo político” y “lo social” no se pueden disociar y que es necesaria una rigurosa fiscalización del manejo de la cosa pública. “Todos deseamos una vida mejor, una vida digna, con trabajo, salarios justos, formación, salud, descanso como respuesta al propio esfuerzo, como lo hacen tantos padres y madres, hermanos, hijos, nietos, con tesón, en un esfuerzo mancomunado. También esperamos ese “esfuerzo” de nuestro “Cajero guasú”, el Estado paraguayo, cuyos administradores necesitan con urgencia lecciones rápidas de idoneidad y de honestidad”, resaltó.

Pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hagan bien lo que deben hacer y que administren honestamente los recursos que la gente les confía. Que los administren a favor de la gente, en especial de la gente humilde. Recordó en ese sentido que a las autoridades, el pueblo como soberano, no les ha dado poder para enriquecerse más y más como lo observamos a diario en las denuncias cotidianas de corrupción. Al contrario, se les otorgó la misión de resguardar e invertir el dinero público para el bien de los ciudadanos y sobre todo de los más necesitados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.