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Los presuntos involu­crados en el oculta­miento de narcoau­dios que comprometían a agentes especiales de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) se acomo­daron en puestos sensibles de investigación contra el crimen organizado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Las escuchas cla­ves fueron encubiertas ya bajo la administración de Arnaldo Giuzzio y, a pesar de los antecedentes del desmantelamiento de la base regional de Salto del Guairá y los sumarios abiertos, con el entonces nuevo ministro los sospe­chados se reacomodaron en puestos privilegiados.

En julio del 2018 y en el marco del operativo Aguará, presuntos narco­traficantes fueron graba­dos por la Unidad de Inteli­gencia Sensible (SIU) de la Senad. En estos audios a los que tuvo acceso La Nación Investiga se escucha cómo estos coordinan el montaje de una supuesta fábrica de marihuana y detallan los montos de drogas a dejar abandonados para que los antidrogas de la oficina regional informen como resultado positivo.

La agente especial Bere­nicce Bareiro, esposa del “mago de las finanzas” Car­los Chamorro Portillo, fue la analista de las escuchas. Sin embargo, la mujer obvió incluir los audios en que los traficantes hablan del plan de “campaña institucional” que iban a realizar para que los antidrogas de Salto del Guairá se luzcan ante la opi­nión pública.

En el marco del juicio oral quedó comprobado que las secuencias 1008077620 y 1008079010 no fueron incluidas en el informe final que realizó Bareiro, entregado a su jefe Cris­tian Amarilla, entonces director de SIU/Senad, y luego remitido a los órga­nos jurisdiccionales.

“(Nombre inaudible) me llamó para armar algo para esos de la Senad, ¿No te dijo nada Chongo?”, consulta uno de los objetivos, quien explica que los de la Senad pidieron intervenir una “fabrica’i abandonada” que sería armada por los narcos en una colonia indígena.

Llamativamente en esos meses el jefe de la base regio­nal de Salto del Guairá que se iba a quedar bien parado con la incautación falsa era el agente especial Abelino Val­dez Ruiz, otro de los “magos de las finanzas” de la Senad y amigo íntimo de Chamo­rro y Bareiro. Se puede supo­ner que estas escuchas com­prometerían al muy cercano compañero de trabajo de la pareja y posibilitaría el ini­cio de una causa judicial por presunta alianza con el cri­men organizado.

Luego de la operación Aguará – Chase ejecutada el 1 de agosto del 2018, el entonces ministro de la Senad Hugo Vera desman­teló la base saltoguaireña y ordenó el sumario de Val­dez y todos sus subalter­nos. Pero, cuando el 15 de agosto de aquel año asu­mió Arnaldo Giuzzio como ministro de la Senad, estas personas sospechadas de los falsos – positivos operati­vos antinarcos se reacomo­daron en puestos clave de investigación.

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Bareiro fue reconfirmada como analista de SIU, Cha­morro que prestaba servicios por las regionales pasó tam­bién a la misma unidad, Ama­rilla se convirtió en director de Inteligencia Estratégica y Abelino Valdez hasta llegó a ser el director de Operacio­nes. A estos agentes la actual ministra Zully Rolón conti­núa protegiendo, tanto así que el “mago de las finanzas” hace una semana pasó a ser mano derecha del viceminis­tro Esteban Caselli.

El senador patriaqueridista Stephan Rasmussen insistió en la necesidad de trabajar en la depuración de las fuerzas públicas, ya que pri­mero hay denuncias de corrupción en la Policía y ahora también en la Senad.

“Acá hay que trabajar en depurar las fuerzas públicas, porque si Senad o la Policía o Aduanas o quien sea que tenga que controlar todo el tema del contrabando o del narcotráfico está metida con el mismo crimen organizado, el control no sirve para nada”, dijo el parlamentario durante una entrevista con GEN. Seguidamente insistió en que la formación de los agentes estatales es fundamental, así como tener polí­ticas de depuración en las fuerzas de seguridad.

“Corrupción hay en todos lados, pero el problema más fuerte que tenemos en Paraguay es la impunidad. Se cometen los actos de corrup­ción, pero después hay impunidad, se le compra al juez, al fiscal, la Policía, Antinarcóticos o la Senad y es por eso que tenemos que fortale­cer las instituciones y hay que separar los buenos de los malos agentes especiales y policiales”, remarcó el senador Rasmussen.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.