El hallazgo de un manuscrito de Pavâo y los datos extraídos de la computadora de su hijo Luan, condujeron a los allanamientos realizados el lunes y el martes en Asunción, Central, Concepción y Amambay como parte del operativo Pavo Real. La información encontrada también salpicó a instituciones, entre ellas, la Dirección de Registros Públicos, que es mencionada en el escrito como una receptora de pagos.

“En todas las instituciones existen personas corruptas, eso es invariable porque trata de la naturaleza de cada persona, pero nos genera mucha frustración (la acusación) porque llevamos un trabajo sostenido de años”, respondió la directora de Registros Públicos, Lourdes González, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

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Se mostró ofuscada con las publicaciones periodísticas y opinó que, una afirmación tan genérica como “la gente de Registros Públicos”, no dice nada, y que, distinto hubiera sido si se manejaran nombres o cargos.

La directora indicó que, se puede hacer una revisión de cualquier dato desde el 2005, año desde el cual se tienen registros digitales. Con ellos, se podrá ver qué funcionarios expidieron una información en una fecha determinada, qué jefes estaban a cargo, qué escribanos solicitaron datos, etc.

“Me puse en contacto con el fiscal Osmar Segovia para decirle que las puertas están abiertas para cualquier investigación, vamos a ser los primeros colaboradores”, comentó González.

Asimismo, recordó que, en el 2017, Registros Públicos advirtió que, Jarvis Chimenes Pavâo, desde su reclusión en la Agrupación Especializada, solicitó la expedición de una matrícula de comerciante, con el aval de un juez.

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“Los funcionarios se apersonaron a la Dirección, nos mostraron los documentos, inmediatamente consignamos la nota negativa y le dije, no puede ser doctor que esto se les haya pasado”, rememoró.

De momento, la Fiscalía no habló de ningún funcionario de Registros Públicos identificado en el esquema de Pavâo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.