Luis Silva, estudiante de la Facultad de Veterinaria de la UNA, en entrevista con Radio Uno comentó que el día viernes por la tarde empezó a circular a través de un grupo de Whatsapp el rumor de un caso de brucelosis entre los estudiantes, lo cual fue confirmado al día siguiente.

Tras conocerse esta situación, varios alumnos empezaron a preocuparse considerando que en las clases prácticas tienen contacto frecuente con los animales, por lo tanto, existía un riesgo de contagio. “Estamos divididos en grupos que se iban a trabajar con los animales y no teníamos ningún aviso sobre la enfermedad. No teníamos ningún tipo de protección”, manifestó.

Otro de los temores que surgieron en ese momento fue la posibilidad de que más personas hayan sido contagiadas con la enfermedad al ingerir productos lácteos (específicamente leche de cabra) que podrían contener brucelosis.

“Lo que pasa en la facultad puede pasar en cualquier establecimiento, el problema está en que en la ley está estipulado que se debe avisar a Senacsa cuando se tiene conocimiento de un caso (de brucelosis). Esto pasó hace 10 días y en ese tiempo se seguía tocando a los animales y comercializando la leche de cabra, no solo alumnos estaban expuestos, también los que trabajan en el departamento, los auxiliares, mismos los doctores que están acompañando este equipo”, expresó Silva a la 650 AM.

La leche de las cabras que están en la granja de la Facultad de Veterinaria UNA era vendida a todos aquellos que se acercaban hasta allí con intención de adquirirla, confirmó, por lo que se acrecienta el riesgo de propagación.

Varios estudiantes de la facultad acudieron esta mañana para sacarse muestras de sangre a fin de confirmar si fueron o no infectados con la brucelosis.

El estudiante de Veterinaria UNA señaló que “no es la enfermedad la que te va a matar, pero sí te puede cambiar el estilo de vida”, sobre todo teniendo en cuenta que uno pasa a ser reservorio por largo tiempo y eso puede acarrear en la aparición de diversos síntomas.

En la ocasión, cuestionó la demora de las autoridades de la facultad para dar aviso de la situación y el por qué se quiso ocultar lo que estaba pasando. “Ellos dicen que no quisieron ocultar, pero si fue así por qué el laboratorio en donde se hicieron los análisis no informó a Senacsa, ahora ese laboratorio está clausurado”, sostuvo.

“Para nosotros es preocupante como estudiantes, imaginate el sacrificio que se hace al venir en la facultad 5 años y después venís a contraer una enfermedad. Quién te va a contratar si tenés una enfermedad que se está luchando por erradicar, nadie te va a contratar como veterinario así”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.