El abogado Jorge Rivas Careaga, experto en Derecho Civil y Penal, expresó que puede estar suspendido el contrato laboral, pero la antiguedad del trabajor de no se debe ver afectada.

Dijo además que una vez terminada la causal de suspensión, el trabajador debe ser reintegrado y continuar con el vínculo laboral que tenía con su empresa.

Ante esta crisis por el coronavirus, el abogado sostuvo que el empleador puede solicitar una resolución que le autorice a suspender los contratos de trabajo, procedimiento previsto por la Ley invocando la causal de fuerza mayor por la disposición sanitaria del Poder Ejecutivo.

“Con esta resolución, el empleador está facultado a suspender el contrato de trabajo y a no pagar a los trabajadores durante el tiempo de la suspensión. Si no se hace este trámite, definitivamente el empleador debe abonar los salarios por los días que no se trabaja”, agregó Rivas Careaga.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo sostuvo que todos los salarios deberán ser abonados, aunque no se trabaje en este lapso de cuarentena por el coronavirus. Al respecto, el ente estatal dio como alternativa a los empleador el adelanto de sueldos o enviar de vacaciones a los trabajadores.

“La propuesta del Ministerio del Trabajo no soluciona el problema, porque mira un solo lado, mira solo a los trabajadores. Nosotros necesitamos una economía formal y fuerte, entonces se tienen que contemplar soluciones para todos”, respondió al respecto el abogado.

Rivas propuso sobre el punto que el Estado implemente una política de créditos a bajos intereses para los empleadores.

MINISTERIO ANUNCIA MULTAS

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, señaló que las empresas que opten por suspender sus actividades laborales por 15 días, igual deben pagar a sus empleados la totalidad de sus salarios. En caso de no hacerlo, serán fiscalizadas e intervenidas y pueden ser sancionadas con multas económicas.

Orué instó a los trabajadores a realizar sus denuncias en el Viceministerio de Trabajo de forma anónima a las empresas que no cumplan con la medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y el descuento de sus salarios por la suspensión por 15 días.

QUE DICE LA LEY?

CODIGO LABORAL PARAGUAYO

Art. 68. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo sólo interrumpe sus efectos y no extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, en cuanto al reintegro a las faenas y continuidad del contrato.

Art. 69. Puede afectar la suspensión a todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o sólo a parte de ellos.

Art. 70. Al reanudarse los trabajos, el empleador estará obligado a reponer a los mismos trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decidida.

Art. 71. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo:

e) la imposibilidad de proseguir los trabajos en una empresa o industria determinada, por no ser rentable la explotación;

f) el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de las faenas.

Art. 72. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo tendrá efecto desde el día en que ocurrió el hecho que la motivó. El empleador o su representante dará aviso de la suspensión y sus causas al trabajador o a sus representantes y a la autoridad administrativa del trabajo, con la mayor antelación posible, la que deberá dar participación a la parte trabajadora antes de dictada la resolución que disponga la suspensión.

En los casos previstos por los incisos a), b), c), d), e), f), e i) del artículo anterior, el empleador o su representante justificará las circunstancias aducidas ante la autoridad administrativa del trabajo.

Art. 73. La suspensión de las tareas no importa la terminación de los contratos de trabajo y los trabajadores tienen derecho a ser readmitidos cuando se reinicien aquéllas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.