“No quiero ni voy a regresar a Colombia, lugar donde mataron a mi esposo, y donde mi hijo y yo pudimos haber muerto”, expresó en una declaración Claudia Aguilera, viuda del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, víctima de un atentado perpetrado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena de Indias cuando disfrutaba de su luna de miel.

“Deseo expresar mi disconformidad con la decisión de la Corte Constitucional Colombiana de hacer obligatorios los juicios presenciales, decisión que abiertamente trasgrede mis derechos como víctima madre y mujer”, remarcó.

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En su declaración, la mujer sostuvo que tampoco se encuentra en condiciones de costear el viaje. “No es justo que no podamos estar enterados en vivo y en directo de este juicio como lo hicimos hasta ahora”, manifestó.

Aguilera hizo un llamado “a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos para que tomen las medidas y se nos permita seguir presenciando este juicio desde mi país, en vivo y en directo, como es nuestro derecho”.

Elogió la labor de la Fiscalía General de la Nación de Colombia “para que la investigación se haya llevado de manera muy profesional” y lamentó el condicionamiento que le impone la Corte porque dijo que “afecta seriamente mis derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Sus declaraciones coinciden con el inicio de un juicio oral contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, acusada de haber ordenado el crimen y de quien se espera pueda dar pistas de un posible autor intelectual en Paraguay, a cambio de una reducción de la pena.

“Ella sabe quién fue” (el autor intelectual) dijo en declaraciones a la AFP, el padre del fiscal asesinado, Francisco Pecci Manzoni, un conocido ex juez ya jubilado.

A la investigación solo le resta encontrar al mandante, el autor moral del sonado crimen del fiscal.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.