Los dueños del inmueble, la familia Zelada Fisher, fueron quienes ofrecieron el predio por la suma de G. 540 millones (poco más de 100 mil dólares al cambio de aquel entonces). Tras su muerte, en el 2011, la viuda Juvencia Fischer intentó concretar el negocio con el PLRA bajo ciertas condiciones para el cobro.

El equipo de La Caja Negra accedió al relato del hijo del matrimonio, Alcides Zelada Fisher, quien contó los detalles de las tratativas con los dirigentes del PLRA. Esto se hizo mediante el liberal Aníbal Franco, quien los puso en contacto con la entonces presidenta del partido político, Amanda Núñez, y el tesorero Ramón Gómez Verlangieri. A pedido de los liberales, se acordó efectuar la transferencia con la escribana Maribel Esteche.

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En cuanto al pago, se resolvió dar 108 millones de guaraníes en cheque a la viuda y el remanente de 432 millones de guaraníes ejecutarlo por etapas. Iba a pagarse la mitad tras la cesión de derechos a favor del PLRA y la otra parte luego de una mensura judicial. Pese a que se cumplieron con las condiciones impuestas, la familia no pudo recibir el dinero que había sido depositado en la escribanía, según la denuncia.

Con el paso de los años, la señora Juvencia Fischer entró en una profunda depresión ante la pérdida de su inmueble y no cobrar la totalidad por la venta. A ello se sumó un suceso que le marcó profundamente: el crimen de Rodrigo Quintana, ocurrido en el 2017 en el interior de la sede partidaria.

La familia de la señora Juvencia no quiso accionar legalmente contra el PLRA por el incumplimiento para evitar crear más conflictos y preocupaciones a la anciana mujer, por lo que optó más bien por enviar colacionados a quienes no cumplieron con lo pactado.

El PLRA solo pagó el 25% del valor del inmueble (G. 108 millones). El remanente de G. 432 millones nunca fueron abonados según reclama la familia Zelada. El cheque salió a nombre de la escribana del PLRA. Foto: Gentileza

Fue así que comenzaron a enviar colacionados a Amanda Núñez, Ramón Gómez Verlangieri y la escribana Justina Maribel Esteche. La familia Zelada Fischer también intentó contactar con la escribana, pero sin conseguir respuestas de la misma. Con quien sí pudieron reunirse fue con Gómez Verlangieri, pero sin conseguir una solución.

A uno de los colacionados, Gómez Verlangieri respondió que el PLRA cumplió con el acuerdo, el cual establecía que el dinero iba a estar a cargo de la escribana Esteche, quedando exclusivamente a cargo de la misma la entrega del monto restante una vez cumplido con los requerimientos pactados en el contrato de venta y cesión de derechos y acciones.

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Mientras que la escribana Esteche respondió a los colacionados señalando que en la escribanía a su cargo “no existe ninguna documentación que guarde relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la escritura pública” y que tampoco recibió “solicitud alguna de los compradores para trámite alguno”.

Un dato que la familia Zelada Fischer no deja pasar por alto es el antecedente que ya tiene la escribana Maribel Esteche, ya que la misma, junto con el expresidente del INDI, Rubén Quesnel, fue condenada a 2 años de prisión privativa con suspensión de la ejecución de la condena por la venta irregular de 25.000 hectáreas de tierras de la comunidad nativa Cuyabia Ayoreos, por valor de G. 1.250 millones. Según la Justicia, la mujer actuó en carácter de cómplice al realizar la transferencia del inmueble.

Al cumplirse una década del acuerdo de venta, la familia Zelada Fischer sigue aguardando que el PLRA honre su compromiso y pague todo lo acordado, caso contrario que desaloje el sitio y devuelva la propiedad.

La familia Zelada remitió varios colacionados al PLRA a fin de cobrar la diferencia por la venta del inmueble, sin embargo, nunca tuvieron retorno. Foto: Gentileza.

La señora Juvencia Fischer falleció el año pasado y tras esto, sus hijos recurrieron a la Justicia para reclamar que son los legítimos dueños del inmueble que hoy ocupa el Partido Liberal, al considerar que su madre fue víctima de estafa al ser despojada de su vivienda.

La familia inició una acción de cobro contra el Partido Liberal, pero llamativamente en el Poder Judicial desapareció el expediente, donde estaba el documento original de la transacción y que habría sido la única copia del acuerdo.

El actual presidente del PLRA, Efraín Alegre, está al tanto del reclamo que se hace de la sede partidaria, pero hace caso omiso, pese a ser el responsable de las finanzas de la nucleación política. La familia espera que el Partido Liberal desaloje el sitio despojado porque de lo contrario se concretará la estafa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.