El juez expresó que en los documentos presentados por la fiscal Cano solamente se habla de cuatro casos específicos y que la denuncia se realizó contra personas innominadas, lo que hace que llame la atención la exclusión de Durand de la causa.

“No se habla de ninguna persona, pero tengo entendido que hay indicios sospechosos y por eso hay algunas personas imputadas. Es el único excluido, solamente se habla de Dany Durand”, manifestó a la 730 AM. La fiscal formuló el caso en base a cuatro de las más de cuarenta denuncias que existen en el marco de la investigación.

El ministro de la Vivienda cayó en muchas contradicciones. Durand dijo a los denunciantes -a través de mensajes de textos- que salió en el 2013 de la empresa, pero luego a los medios manifestó que lo hizo en 2016. Sin embargo, su propio socio comercial Fernando Román Fernández, directivo de Mocipar SA, reconoció que recién en el 2017 Dany Durand se deslindó de la empresa.

Los documentos avalan esta segunda versión. Las denuncias fueron realizadas con anterioridad a la salida de Durand de Mocipar, empresa que se encuentra en el ojo de la tormenta al saltar cientos de denunciantes que aseguran haber sido engañados con los productos que ofrece.

El mecanismo consistía en un sistema de pago en cuotas y posterior adjudicación de acuerdo al plan elegido. La promesa incluye vehículos y departamentos en buen estado y a un precio fijo y accesible, pero la realidad es totalmente diferente, de acuerdo a lo que cuentan los denunciantes.

Fernando Román Fernández sería responsable en la comisión de los hechos punibles de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Asimismo fue procesado Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del Grupo Mocipar, quien habría incurrido en estafa.

A través de sus representantes, el ministro comenzó a intimar a varios ciudadanos que denuncian haber sido estafados por la empresa Mocipar cuando él era el propietario. Si las personas no borran sus posteos y piden disculpas, el político colorado accionará legalmente contra las mismas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.