Este martes se llevaron a cabo una serie de allanamientos en locales comerciales de Asunción y Ciudad del Este como parte del Operativo “Llamada”, dando como resultado el desmantelamiento de una estructura que estaría importando artículos electrónicos de alta gama desde Estados Unidos sin declarar el valor real en materia de impuestos.

En entrevista con Radio Uno, el director de Aduanas, Julio Fernández, indicó que todo surgió a partir de controles realizados desde el año pasado en las importaciones de productos, especialmente en los rubros de telefonía celular, electrónica e informática donde se detectaron las mayores irregularidades.

Puntualmente, se logró descubrir que el valor imponible declarado ante Aduanas no correspondía al valor real de los productos traídos desde el país del norte, convirtiéndose así en un caso de evasión de impuestos por cifras millonarias.

En este caso en particular, el valor total de las mercaderías importadas de manera irregular asciende a más de US$ 678 millones. Según Fernández, el monto hace referencia a una comparación entre las exportaciones registradas desde Estados Unidos a Paraguay versus lo que se reflejó en Paraguay como importación desde el Sistema SOFIA.

El titular de la DNA indicó que gran parte de todo esto corresponde a un esquema de corrupción de larga data ya que se tomaron en cuenta datos e informes que van desde el 2014 hasta mayo de 2019.

Teniendo en cuenta que para concretar la evasión de impuestos se tuvieron que haber clonado facturas, es muy probable que hayan estado involucrados empresarios y comerciantes, despachantes aduaneros, funcionarios e inclusive a las propias autoridades, refirió.

Según Fernández, cuando arrancó su gestión al frente de Aduanas inició con un 75% de contrabando, esto contando desde enero a agosto del 2018, por lo que se estima que de cada 100 dólares que ingresaban en concepto de electrónica e informática, 75 eran de contrabando.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.