El evento fue organizado conjuntamente por el Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur – Barrio Tacumbú (PRVBT), la organización Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA) y el Consultorio Jurídico Feminista (CSJ).

Durante toda una mañana, el tinglado se llenó de niñas, niños, adolescentes y mujeres que tuvieron acceso a valiosos servicios de apoyo. El CSJ brindó consultas jurídicas gratuitas. “La gran mayoría de las consultas que recibimos tuvieron relación con la prestación de alimentos, el régimen de relacionamiento y otros temas vinculados a los derechos de niños y niñas. Fue una jornada muy interesante, estuvimos muy contentas de haber podido compartir con las mujeres. Estamos muy contentas de haber llegado al Bañado Tacumbú y esperamos que se repita la experiencia”, comentó Mirta Moragas, una de las abogadas del Consultorio Jurídico Feminista.

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Por su parte, BECA estuvo presente con su servicio Fono Lila, que ofreció orientación gratuita sobre la prevención y el abordaje a diferentes situaciones de violencia. “Muchos niños y niñas decidieron presentarse, explicar y pedir orientación e información sobre cómo pueden actuar ante situaciones cotidianas en sus hogares y escuelas, incluyendo casos de bullying. Es significativo que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar estas situaciones incómodas y dañinas psicológicamente. También atendimos a personas adultas en busca de orientación y apoyo ante situaciones de violencia intrafamiliar y comunitaria”, explicó Eva Pereira, integrante de BECA.

SOBRE EL PRVBT

El Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur de Asunción (Barrio Tacumbú), financiado con un préstamo de USD 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias ribereñas de la zona sur de la ciudad de Asunción mediante la construcción de 1.500 viviendas de interés social, la recuperación ambiental del barrio y la creación de mejores oportunidades económicas para las familias del Barrio Tacumbú, para lo cual el Programa cuenta con un Plan de Gestión Social (PGS), que establece el desarrollo de actividades de empoderamiento a las familias. El Programa, además, cuenta con un Plan de Acción de Género, que entre otros objetivos se propone reducir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas de Tacumbú.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.