“No puedo evitar pensar en el agudo contraste que presenta este Paraguay pujante, vigoroso y alegre que vemos en este predio ferial y esa otra imagen deslucida, estéril y deprimente que nos ofrece el escenario político en los últimos tiempos. Por un lado, un país pujante y competitivo que apunta a superar los desafíos que nos imponen las nuevas generaciones; por el otro, esa clase política anquilosada y apegada a sus vicios, aunque asoman algunos sectores, aun minoritarios, que quieren traer nuevos aires a nuestra institucionalidad democrática”, expresó Volpe en su discurso.

Sostuvo que al desequilibrio monetario de Argentina y Brasil se suma una frontera común “altamente permeable” al contrabando de mercaderías ilegales. Indicó que en estos días se vio un “saludable intento” de intervenir locales e incautar mercaderías en lugares donde pulula la informalidad. Auguró que esa actitud se mantenga de forma permanente para incentivar el comercio formal.

“Pareciera que nuestros compatriotas han aprendido a convivir con el contrabando y la informalidad. Consideran que esos males son una ventaja, ya que les permiten obtener productos de consumo a precios más bajos, y así hacerlos más accesibles a los pobres. Pero esos mismos pobres que se alimentan a menor precio, sufren las carencias de los servicios de salud, educación y otros que deben ser provistos por el Estado de forma precaria y deficiente, por falta precisamente de los recursos que se pierden en la evasión fiscal”, sostuvo.

Recordó que para dar un combate más efectivo al contrabando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) propuso cambiar la tipificación penal del contrabando de delito a crimen, pero sólo una minoría de los diputados votaron por el tratamiento de ese proyecto. Con ese cambio, la pena prevista iba a pasar de multa a prisión, con lo cual consideró que la votación muestra que no hay voluntad real de combatir ese flagelo.

Dijo que miembros del nuevo equipo económico descartaron la posibilidad de aumentar impuestos y que resultaría casi grotesco que se propongan un incremento de los tributos, en presencia de un “gigantesco derroche de los fondos públicos”, que hace rato conocemos, pero que han estallado con más vigor en los últimos meses.

“Sirva como ejemplo el bochornoso privilegio que se han adjudicado los legisladores con las jubilaciones privilegiadas, los pines de oro y otras prebendas indebidas, como los cupos de combustibles y el derecho a designar nuevos asesores, sin desprenderse de aquellos que han dejado los parlamentarios salientes, sumando así al exceso de funcionarios del Poder Legislativo”, remarcó.

Volpe sostuvo que la generosidad con el dinero ajeno es algo que quienes ostentan el poder consideran como un “derecho adquirido” y “consustancial” al cargo.

Puntualizó que todas las entidades públicas están pobladas por legiones de “planilleros” que se destacan por marcar horarios de entrada y salida y dedicar el resto del tiempo a sus propias actividades. “Esta situación se agravó durante el gobierno populista del Frente Guasú, cuando se aprobó un sustancial incremento en las remuneraciones públicas, sin mirar la proyección de los ingresos en el futuro”, argumentó. Recordó además que con el cuento de combatir la pobreza, en el gobierno de Fernando Lugo se repartieron cientos de miles de planes sociales que son -según consideró- son dádivas que no solucionan el problema de la falta de trabajo, pero alivian la mala conciencia de sus propulsores.

Manifestó que en los últimos meses del actual gobierno, parece haberse desatado una “carrera desenfrenada” para cerrar contratos y concesiones. Indicó que los nuevos se encontrarán entonces con una maraña de conflictos que les llevará al menos un año desentrañar.

“Algunos de esos contratos pueden terminar en empresas de nuestro gremio, subcontratadas por las famosas ‘empresas de maletín’, que se crean con el exclusivo propósito de ganar concursos inflando los precios, sin capacidad operativa para ejecutar sus compromisos por lo que tienen que acudir a empresas reales que lleven a cabo los trabajos, por una fracción de lo que perciben aquellas que sólo cuentan con un nombre, una escritura constitutiva y a veces ni siquiera una oficina mediamente equipada. Quienes figuran como propietarios son casi siempre empleados de escasa preparación de los verdaderos dueños, por lo que aquellos terminan expuestos a demandas judiciales o hasta a penas privativas de libertad”, acusó.

Volpe remarcó que la UIP insiste en atacar la informalidad tan arraigada en nuestro país, contener el gasto público, exigir calidad, profesionalismo y eficiencia en la función pública, implantando una estricta selección y ascensos por méritos y no por favores políticos.

Indicó que en el gobierno saliente se incrementó notoriamente el endeudamiento público, aunque todavía se mantiene en niveles aceptables. Sostuvo que aplauden el hecho de que esos préstamos se hayan destinado a inversiones en obras de infraestructura que contribuyen a dinamizar la economía y mejorar la competitividad del país, así como el acceso de sus habitantes a servicios de calidad.

Dijo que es necesario mejorar la eficiencia en la contratación y ejecución de obras públicas, privilegiando a las empresas nacionales, ya que casi invariablemente dichas obras afrontan atrasos que se deben a aspectos que son típicos de la burocracia estatal y que deben ser subsanados.

“Nos hacemos eco también de una inquietud que permea a todas las capas ciudadanas, en las ciudades y en el campo: se trata de la inseguridad física que nos amenaza a todos. Está la delincuencia urbana, la de los ‘peajeros’, ‘motochorros’ y otros ejemplares de la fauna delictiva, como las bandas criminales fuertemente armadas y altamente sofisticadas, que protagonizaron violentos asaltos el año pasado. Pero también está el EPP, que todavía mantienen en su poder a personas secuestradas, y que acecha en el norte, sin que las fuerzas del orden hayan logrado capturarlos. Y más allá de todas ellas, la más sangrienta y peligrosa mafia del narcotráfico, que indudablemente tiene sus tentáculos en las otras variedades del delito y que tiene conexiones con mafias extranjeras”, sostuvo.

Dijo que la UIP coincide en los reclamos de una reforma constitucional pero instó a aprender la lección de que un texto escrito, por más perfecto que sea, no garantiza el cumplimiento a lo largo del tiempo cuando cambian las circunstancias y los actores principales.

El discurso de Volpe fue pronunciado ante autoridades electas, salientes e incluso cabezas de otras entidades.

Dos horas de duración tuvo la reunión interinstitucional de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico en el salón Tirika de Mburuvicha Róga.

Al término del encuentro, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, anunció que a partir de hoy se van a levantar en la web del gobierno dos proyectos de ley: el que establece la creación del Ministerio de Minas y Energías y el que crea el Ente Regulador del Sector Eléctrico.

Ambas propuestas estarán disponibles para que los especialistas puedan analizar y debatir y aportar sus ideas al respecto.

El ingeniero Fabián Cáceres destacó en conferencia de prensa que esta conversación es un hito histórico para el sector, pues es la primera vez que un presidente convoca a una reunión de esta índole.

“Fuimos escuchados por el presidente y creo que el gobierno demuestra que no solo está preocupado por el sector eléctrico sino que también se va a ocupar de todo”, comentó Cáceres.

Detalló que les presentaron la situación financiera de la ANDE, las reservas energéticas y sostuvo que lo más importante es crear nuevas fuentes de generación de energía, tema que también fue abordado.

Por su parte, Eduardo Viedma coincidió en que este diálogo era muy necesario desde hacía mucho tiempo y anunció que estudiarán y colaborarán con los dos proyectos propuestos por el Ejecutivo.

Además, Enrique Duarte, presidente de la UIP, recalcó que se busca construir consenso a través de la diversidad de opciones. Sobre el proyecto de regulación, sostuvo que la idea apunta a construir la primera pata de un mercado desregulado, con un organismo regulador.

Esto permitirá que las inversiones lleguen de manera mucho más ordenada y confiada, subrayó. Destacó que no se hace nada a puertas cerradas y que, precisamente para eso se ponen a disposición del público los dos proyectos

Esta fue la primera de muchas reuniones que vendrán con representantes del sector.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) convoca a las personas en búsqueda de oportunidades laborales a una jornada presencial de intermediación.

Las entrevistas se desarrollan este viernes 14 de agosto, en el horario de 08:00 a 12:00. La atención al público tiene lugar en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada sobre la avenida Perú esquina Río de Janeiro, en la ciudad de Asunción.

La nómina de puestos vacantes abarca diversas áreas operativas, comerciales y de atención.

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Entre los perfiles requeridos figuran agentes de call center, asesores de atención al cliente, personal para soporte técnico, vendedores telefónicos, guardias de seguridad, mozos, panaderos y operarios de producción. Las empresas solicitan soldadores, supervisores de calidad, gestores de cobro, auxiliares administrativos y montadores.

Los interesados revisan las ofertas de trabajo a través del sitio web oficial EmpleaPy. La plataforma facilita la verificación previa de cada perfil ocupacional, lo cual optimiza la postulación de los candidatos antes de asistir a la jornada.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Fernando Duarte, reveló en entrevista con el programa La Caja Negra (Unicanal) los intentos de injerencia por parte de sectores económicos y dirigenciales interesados en blanquear ofertas académicas.

“No tenemos que tener miedo a los grupos de presión ni a los poderes fácticos en Paraguay. Tenemos que enfrentarlos a cara descubierta y denunciarlos públicamente. Hay grupos empresariales y políticos, dueños de universidades, que quieren presionar para conseguir acreditaciones”, sostuvo.

Dejó en claro que esos pedidos no corren. “Con los piratas de la educación superior no hay que negociar; a los piratas de la educación hay que aniquilarlos con la ley en la mano”, sentenció.

500 funcionarios bajo la lupa

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, admitió que el proceso de limpieza será complejo pero firme por directiva del Poder Ejecutivo.

En el marco del sumario administrativo general abierto en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aproximadamente 500 funcionarios están siendo investigados por presuntas vinculaciones con hechos irregulares dentro del circuito de registro y validación.

“Evidentemente el problema es grande y se viene arrastrando desde hace años. Es un proceso que llevará su tiempo, pero ya empiezan a saltar datos contundentes. Algunos de los responsables seguramente van a terminar en la cárcel”, advirtió Cohene.

El viceministro aclaró además que se trabaja para deslindar responsabilidades y destacó que hay un importante grupo de servidores públicos que realiza tareas extraordinarias para transparentar el sistema.

Ante el clima de desconfianza generado alrededor de las certificaciones universitarias, Cohene reconoció que el mercado laboral atravesará por una etapa de rigurosidad excepcional, donde empresas e instituciones requerirán pruebas complementarias de competencia para validar la capacidad real de los profesionales.

Asimismo, reconoció las limitaciones actuales del sistema, ya que la verificación actual se limita a aspectos meramente formales de los documentos (firmas y certificados) sin auditar la trayectoria del estudiante.

Sin embargo, prometió una solución de fondo en el corto plazo. “Estamos en proceso de implementación de un sistema en el que se tenga la trazabilidad completa del estudiante. Adelantamos que en seis meses el MEC contará con un sistema tecnológico integral que permitirá controlar todo el proceso desde el inicio. Hay personas inocentes y estudiantes estafados perjudicados por esta práctica criminal, pero el propósito es limpiar y devolverle la credibilidad a la educación superior del país”, dijo la autoridad.

Por otro lado, los estudiantes que actualmente se ven afectados por las irregularidades en sus universidades están analizando la posibilidad de realizar manifestaciones, ya que nada tienen que ver con el problema, pero de igual manera terminan afectados.