“No puedo evitar pensar en el agudo contraste que presenta este Paraguay pujante, vigoroso y alegre que vemos en este predio ferial y esa otra imagen deslucida, estéril y deprimente que nos ofrece el escenario político en los últimos tiempos. Por un lado, un país pujante y competitivo que apunta a superar los desafíos que nos imponen las nuevas generaciones; por el otro, esa clase política anquilosada y apegada a sus vicios, aunque asoman algunos sectores, aun minoritarios, que quieren traer nuevos aires a nuestra institucionalidad democrática”, expresó Volpe en su discurso.

Sostuvo que al desequilibrio monetario de Argentina y Brasil se suma una frontera común “altamente permeable” al contrabando de mercaderías ilegales. Indicó que en estos días se vio un “saludable intento” de intervenir locales e incautar mercaderías en lugares donde pulula la informalidad. Auguró que esa actitud se mantenga de forma permanente para incentivar el comercio formal.

“Pareciera que nuestros compatriotas han aprendido a convivir con el contrabando y la informalidad. Consideran que esos males son una ventaja, ya que les permiten obtener productos de consumo a precios más bajos, y así hacerlos más accesibles a los pobres. Pero esos mismos pobres que se alimentan a menor precio, sufren las carencias de los servicios de salud, educación y otros que deben ser provistos por el Estado de forma precaria y deficiente, por falta precisamente de los recursos que se pierden en la evasión fiscal”, sostuvo.

Recordó que para dar un combate más efectivo al contrabando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) propuso cambiar la tipificación penal del contrabando de delito a crimen, pero sólo una minoría de los diputados votaron por el tratamiento de ese proyecto. Con ese cambio, la pena prevista iba a pasar de multa a prisión, con lo cual consideró que la votación muestra que no hay voluntad real de combatir ese flagelo.

Dijo que miembros del nuevo equipo económico descartaron la posibilidad de aumentar impuestos y que resultaría casi grotesco que se propongan un incremento de los tributos, en presencia de un “gigantesco derroche de los fondos públicos”, que hace rato conocemos, pero que han estallado con más vigor en los últimos meses.

“Sirva como ejemplo el bochornoso privilegio que se han adjudicado los legisladores con las jubilaciones privilegiadas, los pines de oro y otras prebendas indebidas, como los cupos de combustibles y el derecho a designar nuevos asesores, sin desprenderse de aquellos que han dejado los parlamentarios salientes, sumando así al exceso de funcionarios del Poder Legislativo”, remarcó.

Volpe sostuvo que la generosidad con el dinero ajeno es algo que quienes ostentan el poder consideran como un “derecho adquirido” y “consustancial” al cargo.

Puntualizó que todas las entidades públicas están pobladas por legiones de “planilleros” que se destacan por marcar horarios de entrada y salida y dedicar el resto del tiempo a sus propias actividades. “Esta situación se agravó durante el gobierno populista del Frente Guasú, cuando se aprobó un sustancial incremento en las remuneraciones públicas, sin mirar la proyección de los ingresos en el futuro”, argumentó. Recordó además que con el cuento de combatir la pobreza, en el gobierno de Fernando Lugo se repartieron cientos de miles de planes sociales que son -según consideró- son dádivas que no solucionan el problema de la falta de trabajo, pero alivian la mala conciencia de sus propulsores.

Manifestó que en los últimos meses del actual gobierno, parece haberse desatado una “carrera desenfrenada” para cerrar contratos y concesiones. Indicó que los nuevos se encontrarán entonces con una maraña de conflictos que les llevará al menos un año desentrañar.

“Algunos de esos contratos pueden terminar en empresas de nuestro gremio, subcontratadas por las famosas ‘empresas de maletín’, que se crean con el exclusivo propósito de ganar concursos inflando los precios, sin capacidad operativa para ejecutar sus compromisos por lo que tienen que acudir a empresas reales que lleven a cabo los trabajos, por una fracción de lo que perciben aquellas que sólo cuentan con un nombre, una escritura constitutiva y a veces ni siquiera una oficina mediamente equipada. Quienes figuran como propietarios son casi siempre empleados de escasa preparación de los verdaderos dueños, por lo que aquellos terminan expuestos a demandas judiciales o hasta a penas privativas de libertad”, acusó.

Volpe remarcó que la UIP insiste en atacar la informalidad tan arraigada en nuestro país, contener el gasto público, exigir calidad, profesionalismo y eficiencia en la función pública, implantando una estricta selección y ascensos por méritos y no por favores políticos.

Indicó que en el gobierno saliente se incrementó notoriamente el endeudamiento público, aunque todavía se mantiene en niveles aceptables. Sostuvo que aplauden el hecho de que esos préstamos se hayan destinado a inversiones en obras de infraestructura que contribuyen a dinamizar la economía y mejorar la competitividad del país, así como el acceso de sus habitantes a servicios de calidad.

Dijo que es necesario mejorar la eficiencia en la contratación y ejecución de obras públicas, privilegiando a las empresas nacionales, ya que casi invariablemente dichas obras afrontan atrasos que se deben a aspectos que son típicos de la burocracia estatal y que deben ser subsanados.

“Nos hacemos eco también de una inquietud que permea a todas las capas ciudadanas, en las ciudades y en el campo: se trata de la inseguridad física que nos amenaza a todos. Está la delincuencia urbana, la de los ‘peajeros’, ‘motochorros’ y otros ejemplares de la fauna delictiva, como las bandas criminales fuertemente armadas y altamente sofisticadas, que protagonizaron violentos asaltos el año pasado. Pero también está el EPP, que todavía mantienen en su poder a personas secuestradas, y que acecha en el norte, sin que las fuerzas del orden hayan logrado capturarlos. Y más allá de todas ellas, la más sangrienta y peligrosa mafia del narcotráfico, que indudablemente tiene sus tentáculos en las otras variedades del delito y que tiene conexiones con mafias extranjeras”, sostuvo.

Dijo que la UIP coincide en los reclamos de una reforma constitucional pero instó a aprender la lección de que un texto escrito, por más perfecto que sea, no garantiza el cumplimiento a lo largo del tiempo cuando cambian las circunstancias y los actores principales.

El discurso de Volpe fue pronunciado ante autoridades electas, salientes e incluso cabezas de otras entidades.

En el marco de la segunda jornada de combate al narcotráfico denominado “Operación Eco II/2026″, fueron erradicadas 37 hectáreas de cultivo de marihuana distribuidas en 5 parcelas.

El monto asciende a 110.000 kg de marihuana, sacando de esta forma 3.000 dosis de cannabis por kg.

Asimismo, se dieron de baja tres campamentos de acopio.

El perjuicio económico al crimen organizado fue de USD 16.650.000.

Los trabajos de destrucción fueron realizados por personal y medios del CODI-FTC SUR y el Batallón de inteligencia Militar (BIMI), bajo la dirección de autoridades del Ministerio Publico de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, acompañó a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, en una jornada de trabajo desarrollada en el departamento de Caaguazú.

La agenda incluyó la inauguración del Centro de Atención para Trastornos del Espectro Autista (TEA) en la localidad de Juan Eulogio Estigarribia, una iniciativa impulsada de manera articulada entre la Gobernación de Caaguazú, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Asociación de Padres de niños con TEA de Campo 9 y la Itaipú Binacional.

Durante el acto, la titular de la cartera sanitaria destacó la importancia de fortalecer los servicios especializados para la atención integral de personas con trastornos del espectro autista, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a la salud.

“Es un verdadero honor acompañar este momento tan significativo para la comunidad de Juan Eulogio Estigarribia y para todo el país. Hoy no solo inauguramos un espacio físico, sino que abrimos puertas a oportunidades, derechos y a una atención más digna y oportuna para nuestros niños y niñas”, expresó.

Asimismo, subrayó el compromiso del Ministerio de Salud con el desarrollo integral de la niñez. En ese sentido, recordó que se han impulsado avances concretos en la consolidación de una red de servicios de intervención temprana, alcanzando actualmente 20 servicios distribuidos en 13 regiones sanitarias del país.

“Con la inversión de Itaipú Binacional iniciamos los Centros TEA en Alto Paraná, donde contamos con dos servicios. Este es el segundo en el departamento de Caaguazú, y próximamente se habilitarán centros en Canindeyú y en Ñeembucú, en la ciudad de Pilar”, puntualizó.

Finalmente, dirigió un mensaje a las familias y a la comunidad. “A las familias, les decimos que no están solas. Al equipo de salud, gracias por su dedicación diaria. Y a la comunidad, les invitamos a cuidar y hacer suyo este espacio”.

En la ocasión, se rubricó un convenio de cooperación en el marco de una alianza público-privada entre las instituciones involucradas y la Asociación de Padres ASO TEA Campo 9.

El Centro TEA de Campo 9 brindará atención de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00. El agendamiento de turnos podrá realizarse vía WhatsApp al 0975 328 773 o de forma presencial en recepción. Está dirigido a niños y adolescentes de entre 6 meses y 18 años.

La institución realizó una campaña intensiva de fiscalización en estaciones de servicio a nivel país durante el periodo 2024–2025, con un total de 221 establecimientos inspeccionados, correspondientes a 188 empresas.

Como resultado de estas intervenciones, el ministerio aplicó sanciones por G. 1.727.413.260 a empresas que incumplieron la normativa vigente.

Las principales infracciones detectadas evidencian un patrón extendido de incumplimientos en el sector: exceso de la jornada laboral (77%), falta de pago de horas nocturnas (70%), horas extraordinarias no remuneradas (62%), descuentos indebidos (61%), falta de emisión de recibos de salario (37%), incumplimiento del salario mínimo (22%) y ausencia de descanso semanal obligatorio (5%).

Las actuaciones se concentraron principalmente en los departamentos de Central, Alto Paraná, Asunción, Cordillera y Caaguazú, con registros también en Paraguarí, Boquerón, Presidente Hayes, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.