Denunciado por acoso y supuesto planillerismo, Gerardo Soria fue quien craneó y ejecutó el cuestionado proceso de selección de los nuevos trabajadores de la binacional, en el último tramo del Gobierno de Mario Abdo Benítez.

El mismo se encuentra actualmente azuzando y encabezando una manifestación de las personas que fueron desvinculadas antes de culminar su periodo de prueba en Itaipú. Su presencia demuestra una comprobada acción política promovida por jerarcas identificados con el abdsimo.

Soria, integrante del equipo de Abdo, llegó a ocupar el cargo de director de Responsabilidad Social y fue conocido como “jefe de escritorio”. En su legajo existe una denuncia por acoso laboral y sexual, pero el mismo fue salvado por la Fiscalía al cajonearse esta denuncia en su contra.

También este abdista llegó a ser un seccionalero, pero en junio de 2023 fue expulsado de la ANR por decisión del Tribunal de Conducta, tras ser acusado de traicionar al Partido Colorado, dado que habría instado a trabajar en contra de la organización política en el marco de las últimas elecciones generales.

Sin cargo ni Partido Político que lo respalde, Soria ahora presiona a favor de sus elegidos en Itaipú, quienes se movilizaron este lunes frente a la hidroeléctrica como medida de presión para que las nuevas autoridades reviertan su decisión.

El llamado a concurso de último momento para contratar a 220 personas, recibió numerosas denuncias de los participantes por los direccionamientos políticos.

Durante la transición, el equipo de Santiago Peña advirtió en varias oportunidades las “perlitas” que se iban encontrando en el proceso de selección y además cuestionada el apuro con el que se pretendía introducir al nuevo personal, lo cual denotaba un aparente direccionamiento en la designación de los elegidos.

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El bastardeo del concurso fue tanto que varios concursantes fueron exponiendo sus quejas, pero pese a ello, el proceso continuó su curso a toda marcha.

El nuevo Gobierno se vio en la necesidad de desvincular a los elegidos por el abdismo ante la clara evidencia de irregularidades cometidas por sus autoridades. El actual director paraguayo de la binacional Itaipú, Justo Zacarías Irún, explicó que la suspensión de los efectos del contrato de trabajo a personas que ingresaron al ente (en el último tramo del gobierno anterior) se tomó tras comprobarse claras irregularidades en el proceso de selección.

“Encontramos alteraciones en el reglamento que se produjeron antes de la selección y durante el proceso de selección. Encontramos personas que fueron nominados en cargos por los que no concursaron. Encontramos personas que no reunían los requisitos para el cargo que concursaron, encontramos también muchas personas vinculadas a espacios de poder“, dijo.

Respecto al resto de los desvinculados, la decisión es invitarlos a que vuelvan a competir, pues, solamente los despidos de las embarazadas serán revisados, no así el de los demás. Lo resuelto es en honor a los 17.000 concursantes olvidados y que, en su momento denunciaron los direccionamientos políticos de estas contrataciones, según ahondó además José Luis Rodríguez Tornaco, superintendente de comunicación de Itaipú.

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La decisión de descontratar se encuentra plenamente dentro de las prerrogativas de la patronal, ya que el Código del Trabajo establece 90 días de prueba. “Podemos suspender los efectos del contrato usando las prerrogativas que nos da el Código Laboral y el propio contrato que hemos firmado con los beneficiarios, que es poder anular el contrato en el período de prueba de 90 días“, dijo Zacarías Irún.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.