“Yo retiré todo mi equipo de trabajo por pedido de los concejales del oficialismo, de Mario Ferreiro. Me acusaron de quebrar la institucionalidad del Municipio al cumplir funciones que no me corresponden de intervenir. No tuve otra alternativa que retirar a los funcionarios. Le exigí al intendente que él haga su trabajo y evidentemente no están haciendo nada”, expresó el concejal Daniel Centurión (ANR) al diario HOY Digital.

Expresó que ya está trabajando en un proyecto de ley para prohibir esta práctica y que se pretende que se incluya a los cuidacoches y a los vendedores informales en la legislación. Para ello, señaló que se está trabajando sobre la adecuación del Código Penal, de las leyes Orgánica Policial y Orgánica Municipal para darle la cobertura legal correspondiente.

“¿Por qué voy a presentar el proyecto de ley? porque la muestra de Mario Ferreiro en Asunción puede ser reprisada en otros puntos del país. Es una ley para que ya no estemos a la argucia del humor ideológico del intendente municipal. Vamos a otorgarles las atribuciones y las facultades a la Policía Nacional con la carga de responsabilidad de acompañar a la Poicía Municipal. Entonces ya no vamos a someternos a la ideología de ningún intendente”, sostuvo.

Respondió a Mario Ferreiro diciéndole que no se pueden cometer delitos con la excusa de ser pobre. Dijo que a él nunca le interesó hacer cumplir la ordenanza.

Manifiestó que una vez que esté listo el proyecto de ley, que ya está en un 70%, dijo que hará el lobby correspondiente de cara al debate ideológico que se dará en el Parlamento. Reconoció que existen parlamentarios de izquierda que tienen el mismo discurso que Ferreiro y que su intención es liberarle a la ciudadanía de la extorsión y el chantaje en la vía pública.

ORDENANZA EN ASUNCIÓN

En el 2014, el Centurión había presentado un proyecto de ordenanza a través del cual se pretendía prohibir la actividad de los limpiavidrios en Asunción, una práctica informal y extorsiva que se practica en varios cruces semafóricos de la capital. Dos años después la disposición fue aprobada en la Junta Municipal pero vetada por el intendente Mario Ferreiro.

Finalmente, la ordenanza fue promulgada en la Junta Municipal porque la concejalía se ratificó su decisión inicial y la medida entró en vigencia el 1 de abril. Al comienzo, los controles los realizaban funcionarios de la Junta Municipal conjuntamente con la Policía Nacional, sin el acompañamiento de la Intendencia ya que Ferreiro, en su discurso, decía que este tipo de leyes municipales “criminaliza la pobreza”.

Ese mismo año, en el 2016, se logró retirar a una cantidad importante de limpiavidrios a los cuales se les buscó una salida laboral pero, tiempo después, los informales volvieron a las calles. Cuando los controles empezaron a realizarse nuevamente, los ediles de Mario Ferreiro, Rodrigo Buongermini y Federico Franco Troche (Juntos Podemos), expresaron que el retiro de limpiavidrios lo realizaban funcionarios de la Junta Municipal fuera de sus atribuciones, lo cual fue catalogado como un “quiebre institucional”.

Finalmente, Centurión decidió no realizar más los controles y abogar por el proyecto de ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.