El ministro del Interior, Federico González, brindó más detalles a la radio 780 AM de la forma en que supuestamente fue extorsionado por los sindicalistas del sector camionero para no cerrar más las rutas.

Indicó que si bien eran cinco los que se reunieron con él, quien presuntamente le hizo la solicitud directamente fue el dirigente camionero Roberto Almirón. “El planteamiento lo hicieron en mi oficina. Pidieron primero un millón de dólares, les dije que era imposible y bajaron a 300 mil dólares sus pretensiones, que también les manifesté que era imposible. Fueron cinco (los que exigieron el dinero) pero el que transmite e insiste con el monto y con la idea es el señor Roberto Almirón”, explicó.

Incluso los gremialistas le dijeron, según la versión que dio la autoridad nacional, que le comunique el pedido de dinero al propio presidente Mario Abdo Benítez, y agregó que así lo hizo. Tras informar al mandatario de esta extorsión, se decidió hacer una denuncia ante la Fiscalía y se montó un operativo vía judicial para grabar la negociación y entrega del monto.

Por otro lado, el ministro indicó que la Policía hoy tiene la misión y la instrucción de hacer cumplir las leyes e impedir cualquier cierre de rutas. “Vamos a garantizar el derecho a la manifestación, pero también a la libre circulación”, añadió.

Rafael Ávila, defensor del pueblo, explicó que hasta el momento verificaron 245 denuncias que fueron remitidas al Ministerio de la Defensa Pública para su seguimiento legal.

En entrevista con el canal GEN, la autoridad informó que el formulario está disponible en todas las redes sociales oficiales de la Defensoría y en su página web. También se pueden realizar denuncias de manera presencial en la sede de la institución. El objetivo es centralizar las denuncias, depurarlas y coordinar el seguimiento con el Ministerio de la Defensa Pública, responsable de llevar adelante las acciones judiciales.

Las víctimas deben completar el formulario y enviar con copia de cédula de identidad al correo denuncias.defensoriadelpueblo.py@gmail.com o al WhatsApp (0984) 000 025.

La Defensoría está realizando un proceso de verificación de cada denuncia para evitar casos que no corresponden a este esquema fraudulento. “Depuramos las denuncias para hacer el seguimiento y garantizar que los casos presentados sean realmente vinculados a la mafia de los pagarés”, indicó Ávila.

Por otro lado, el defensor del pueblo destacó que Paraguay fue elegido para integrar el Comité Coordinador de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (RINCA), tras una votación en Panamá. Esto permite al país tener voz y voto en decisiones internacionales en el ámbito de los derechos humanos.

La elección representa un reconocimiento al trabajo de la Defensoría del Pueblo y otorga visibilidad a Paraguay en el contexto de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), lo que fortalecerá el posicionamiento del país en temas de derechos humanos a nivel internacional.

Este lunes 12 de mayo será la primera feria de la semana en la Universidad Metropolitana de Asunción, sobre la calle República Dominicana casi Avda. España, según informó el especialista en empleo, Enrique López Arce.

Será de 9:30 a 11:30 y ofrecerán 100 vacancias para el primer empleo y el empleo joven.

Mañana martes, desde las 9.30 hasta las 11.30 se realizará otra feria en el local gastronómico Ña Gregoria, sobre la calle Yegros esquinta Tte. Fariña.

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La convocatoria va dirigida a madres que quieran trabajar en cocina o como cajeras.

También mañana martes, pero de 13:30 a 15:30, en el patio de comidas del supermercado El Pueblo de Mariano Roque Alonso. La feria va dirigida a padres.

Por último, el viernes 16 de mayo, desde las 14:00 en la ciudad de Capiatá, la fábrica Pretec ofrecerá vacancias para operarios.

Todo comenzó el 19 de abril pasado, cuando el oficial José Gabriel Jiménez de la Comisaría 24 de Asunción, comunicó al Ministerio Público la aprehensión de un adolescente implicado en un supuesto robo de motocicleta, sin embargo, fue rápidamente liberado por disposición de la fiscal Fátima Girala.

Jiménez grabó la conversación telefónica con la fiscal Girala donde la agente ordenaba la liberación del adolescente argumentando que el procedimiento no se realizó en flagrancia y tampoco existía una orden judicial.

Para el oficial Jiménez hay una clara inacción fiscal y lamentó que la liberación se diera a través de una llamada telefónica, en tanto que para la Fiscalía este procedimiento y otros que realiza el uniformado carecen de sustento legal. Inclusive, dicen que se toma atribuciones que no le corresponden al verificar vehículos como si fuera perito.

En ese sentido, la agente fiscal indicó que su unidad recibió el ingreso de otras causas relacionadas a cuatro motocicletas incautadas por el mismo agente en procedimientos realizados durante esa madrugada, sin que exista denuncia previa en la base de datos sobre presuntos robos o hurtos que guarden relación con dichas motocicletas.

De las cuatro motocicletas, solo una presentaba vestigios de posible adulteración, por lo que la agente fiscal solicitó las pericias técnicas correspondientes, cuyos resultados arrojaron un dictamen negativo en 3 de los 4 casos.

Ante esto, la fiscal Girala pidió que se tomen las medidas para garantizar que los procedimientos policiales sean realizados en coordinación con el Ministerio Público. Además, solicitó que un superior supervise que las grabaciones realizadas por el agente sean utilizadas solo con fines laborales y no para las redes sociales.