La carpeta fiscal que investiga la utilización de facturas falsas en el PLRA para el cobro del dinero estatal, incluye como pruebas las copias de los chats de Whatsapp entre Luis Moris y Pascual Benítez Barrientos, apoderados del PLRA en Alto Paraná en aquel entonces.

El fiscal Édgar Sánchez explicó que, estas personas le solicitan a Primio Arce, secretario de Efraín Alegre, contar con la mayor cantidad de facturas posibles y hacían referencia a una casa de cambios.

“Estos apoderados presentaron las facturas a Primio Arce, las cuales, se presentaron a la Justicia Electoral como rendición de cuentas de campaña”, comentó el fiscal Sánchez, en una entrevista con Gen-Nación Media.

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Sobre el punto, recordó que ambas personas (apoderados) fueron imputadas por ser las que generaron las facturas desde Ciudad del Este hacia Asunción. Además, Efraín Alegre, en su carácter de presidente del Partido Liberal, fue el que dio como válidas las documentaciones con las cuales, los fondos del Estado (del TSJE) fueron a parar al PLRA como gasto de campaña.

Benítez Barrientos admitió los hechos y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. Por su parte, Efraín Alegre tiene pendiente desde el 14 de octubre, el inicio del juicio oral.

La traba responde a que, la Sala Constitucional solicitó el expediente principal de la causa en dicha fecha, a tres días del comienzo del juicio. El documento está en la Corte y desde entonces no hubo ninguna resolución.

“Los plazos procesales en la Sala Constitucional no son de cumplimiento efectivo, no puedo decir cuándo se resuelve porque depende de los miembros de sala, Ríos, Diésel, Fretes fueron los firmantes en ese momento, hay que ver si Santander acepta integrar la Corte, de lo contrario, debe ser uno de los ministros”, indicó el fiscal.

Añadió que, en lo estrictamente jurídico, está convencido de su actuación y admitió que el estancamiento del caso se debe netamente a que el expediente fue cajoneado en la Corte.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.