La familia Denis emitió un comunicado en relación a las últimas versiones que surgieron tras la reunión del canciller Euclides Acevedo con con su homólogo argentino Santiago Cafiero, puntualmente sobre el supuesto pedido de investigación del asesinato de dos niñas que fueron reclutadas por el EPP como exigencia para la reapertura de fronteras.

Al respecto, las hijas del secuestrado expresaron su enérgico rechazo a cualquier injerencia extranjera sobre los órganos constitucionales de la República del Paraguay, que quiera arrogarse funciones investigativas que claramente no le competen. En tal sentido, recuerdan que el órgano encargado de impulsar investigaciones en nuestro país es el Ministerio Público, por lo que ningún otro grupo de personas, bajo ningún ropaje, pueda arrogarse funciones que constitucionalmente le corresponden a la Fiscalía.

En otro párrafo del comunicado, las hermanas Denis recuerda la existencia de órganos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, además del sistema universal, cuyos mecanismos de protección son a través de la Carta de la ONU y a través de los diferentes Comités.

“No puede arrogarse un Estado una función bilateral de supervisión sobre otro Estado que claramente no posee, pues no solo estaría violando la soberanía nacional de un Estado, sino también iría contra las reglas del Derecho Internacional por una clara y arbitraria

injerencia en funciones que no son de su competencia”, menciona el texto.

El tercer punto del pronunciamiento hace énfasis en el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte del EPP y expresa cuanto sigue: “El Estado argentino solicita a Paraguay acceso irrestricto a la investigación sobre la muerte de dos niñas connacionales, que fueron llevadas al monte y obligadas a portar armas de grueso calibre para participar de un enfrentamiento con miembros de las fuerzas de seguridad paraguaya. Obligadas a ser carne de cañón, a ponerse en primera fila y recibir los primeros impactos de balas mientras sus madres, padres, tíos, tías, primos y demás miembros de dos o tres familias de forajidos autodenominados EPP huían del terreno hostil”.

La familia Denis cuestiona el hecho de que el enfoque de las autoridades argentinas “solo se cierra al propósito de determinar responsabilidades individuales de los miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC)”, cuando lo que debería indignarles es el reclutamiento de connacionales por parte del grupo criminal que opera en el norte.

Asimismo, señalan que “lo que en realidad deberían solicitar al Estado paraguayo es que dirija y agote todos sus recursos logísticos en la lucha frontal contra este grupo criminal que mata, secuestra, extorsiona”.

Las hijas de Óscar Denis afirman no estar en contra de una efectiva investigación por parte de las autoridades nacionales y dicen ser las más interesadas en que las fuerzas de seguridad nacional y el Ministerio Público puedan dar con el paradero del tío de las niñas abatidas, dado que es la persona que ha secuestrado a su padre hace más de un año. Seguidamente, señalan que “resulta imprescindible tanto para el gobierno paraguayo como para el gobierno argentino identificar que el verdadero responsable tanto del secuestro de tres compatriotas, como de la muerte de dos niñas argentinas, y como seguramente el reclutamiento de muchos niños y niñas más, es el EPP”.

Finalmente, instan al canciller nacional Euclides Acevedo “a hacer honor del juramento que tomó al asumir el cargo que le fuera confiado por este gobierno”, el cual es servir a su Patria y honrar los compromisos asumidos como nación paraguaya.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.