En entrevista con el canal GEN, el abogado Ricardo Preda recordó que el 30 de mayo del año pasado presentó una denuncia por violación del deber de secreto al filtrarse datos privados de Santiago Peña cuando este aún no tenía carga pública y trabajaba en la banca privada. Fue el entonces secretario privado de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, quien expuso los salarios que había percibido Peña en un banco.

Dicha situación motivó a realizar una denuncia ante la sospecha de que el dato confidencial salió de la propia Seprelad. En la anterior administración, esta institución evadió las preguntas remitidas por la Fiscalía en el marco de la investigación de este caso e incluso se pretendió instalar que la filtración se había dado desde el propio Ministerio Público, no así de la Seprelad.

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Sin embargo, una nueva filtración expuso el documento completo de la Seprelad, donde se observa la fecha en que fue remitido a la Fiscalía. “Las filtraciones traen nuevos datos que ameritarán nuevas diligencias y vamos a solicitar eso, porque estos informes citan a Santiago Peña y paradójicamente tienen fecha de 20 de mayo del 2022 y la publicación de Mauricio Espínola en Twitter tiene fechado a las 8:59 del 20 de mayo del 2022. Él tuitea una información que todavía no había llegado al Ministerio Público. Es obvio que tuvo el informe unos días antes porque la información está trabajada, ya que pasó los datos a una planilla Excel para luego publicar en las redes”, dijo.

El letrado sostuvo que no cree que los datos sobre el salario que tenía Peña en el sistema financiero, al ser director del banco privado, hayan sido filtrados desde la Fiscalía, sino más bien considera que el entonces secretario privado de Mario Abdo Benítez recibió la información de la propia Seprelad. “Nunca vimos el informe completo, con esta nueva filtración vemos que está fechado cuando fue al Ministerio Público”, agregó.

Esta nueva filtración de Seprelad revela cómo la institución durante la gestión de Abdo investigaba a la empresa tabacalera de Horacio Cartes y en un apartado incluyó el nombre de Santiago Peña porque trabajaba en el banco del expresidente. “Estaba completamente descontextualizo (el salario que percibió Peña). De 165 páginas, en dos páginas finales aparece cuánto cobró Santiago Peña. Es obvio que el objetivo explosivo era introducir el nombre de Santiago Peña (durante la campaña política), cuando en ninguna parte se le cuestionaba a él. Solo se menciona cuánto facturaba como director de un banco. Es vergonzoso que una institución se maneje así, resulta muy grave que se utilice para fines políticos”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.