A través de la Resolución Nº 141, el Ministerio Público rechazó la recusación formulada por la defensa de Arnaldo Giuzzio y confirmó a los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino en la causa que lo investiga por cohecho pasivo agravado. Esto atendiendo a que no encontraron sustento válido que confirme la falta de imparcialidad alegada por el recusante, según informó El Observador.

El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había presentado una recusación, a días de vencerse el plazo para que lo acusen y piden su juicio, contra los agentes fiscales asignados a investigar su causa por la coima recibida de capo narco Marcus Vinicius.

La recusación presentada por Arnaldo Giuzzio hablaba de una “evidente falta de objetividad en la investigación fiscal”.

Asimismo, sostenía que “se intenta ocultar evidencia que podría servir para la defensa, así como otras conductas que denotan la mala fe de sus actuaciones”.

En vista a lo anterior, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia fueron quienes finalmente presentaron la acusación contra Arnaldo Giuzzio y solicitaron su juicio oral y público.

LOS PUNTOS QUE ACUSA LA FISCALÍA

Los datos recabados para sostener la causa señalan que el señor Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, ejerció la titularidad de la cartera de Estado del Ministerio del Interior, desde el 22 de enero de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022, y entre sus competencias administrativas tuvo a su cargo la de ser ordenador de gastos; emitir las autorizaciones para los llamados a licitación para la adquisición de bienes o servicios para el Ministerio del Interior; adjudicar a los proveedores y, en consecuencia, suscribir los contratos correspondientes; además, de tener, puntualmente, la administración y disposición de los gastos reservados.

Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la presente etapa de investigación, es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien actualmente se encuentra detenido y procesado en la República Federativa del Brasil, por su presunta vinculación con el narcotráfico; que era la de mantener un relacionamiento directo y cercano con el Ministro del Interior, lograr ser proveedor del Estado de chalecos antibalas y vehículos blindados, al Ministerio de Interior y a la Policía Nacional.

Incluso, bajo ese conocimiento mantuvo encuentros y tratativas a través de las cuáles el afectado aceptó en nombre de la institución a su cargo, las reparaciones de vehículos blindados del ente, como la reparación de una camioneta para la utilización de la Secretaria Nacional Antidrogas.

Asimismo, se corroboró que existía la intención de licitar por parte del Ministerio del Interior, conforme lo declaró el sr. Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y aún, bajo ese conocimiento el acusado, Arnaldo Giuzzio, le solicitó y aceptó en préstamo una camioneta blindada para su uso particular, uso que se extendió del 26 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022, oportunidad que Marcus Espíndola, se apersonó hasta el domicilio del acusado para retirar el rodado dado en préstamo.

Igualmente, se tiene por probado que el Ministerio del Interior no realizó pago alguno por las reparaciones realizadas por OMBU (firma de Marcus Espíndola) y que, pese a existir un contrato plurianual entre el Ministerio del Interior y el Taller RC, el acusado optó por tomar las “cortesía” ofrecidas por el citado, quien cuenta con vínculos con el tráfico internacional de drogas.

Finalmente, se tiene por probado el hecho de que el acusado Arnaldo Giuzzio, siendo el titular del Ministerio del Interior no convocó a licitación alguna para las reparaciones ni mantenimientos de los vehículos tácticos antibombas, utilizadas en la zona norte del país y que por el contrario, aceptó en cortesía por parte de una empresa que no contaba habilitación para dicha actividad, y cuyo titular se encuentra procesado y detenido por sus vínculos con el tráfico internacional de drogas.-

Todo ello, se desprende de las testimoniales recibidas por el Ministerio Público, información brindada por la República Federativa de Brasil en el marco de la Cooperación Internacional, informes proporcionados por el Ministerio del Interior y documentaciones incautadas del domicilio del acusado.

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Con 10 votos a favor y 2 abstenciones, los concejales de Encarnación aprobaron la propuesta que plantea la transferencia del terreno donde se encuentra asentado el Aeropuerto “Tte. Amin Ayub González”.

Se trata de un inmueble que abarca una extensión de 128 hectáreas, pertenecientes a la Municipalidad de Encarnación y podrían pasar a la manos del Estado paraguayo, a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

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Para finiquitar la transferencia de la propiedad, se solicita un pago de G. 340 millones a la comuna encarnacena, confirmó el concejal Diego Aquino, presidente de la Junta Municipal de Encarnación.

Este costo fue establecido por la Comisión de Tasación, conforme a una evaluación en un precio fiscal y teniendo en cuenta la imposibilidad de una transferencia gratuita, ya que se contrapone a la Ley Orgánica Municipal.

El edil solicita a la DINAC que pueda garantizar el efectivo cumplimiento de las promesas de inversión en las tres fases establecidas inicialmente, por un monto que oscila los USD 10 millones.

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La intención es que el aeropuerto encarnaceno pueda convertirse una terminal habilitada para vuelos comerciales frecuentes y no solo programados, como ocurre hoy día, emulando al Aeropuerto Silvio Pettirossi o el Guaraní.

La ejecución de estas obras en un plazo no mayor a 10 años es una exigencia fijada por los concejales. De no cumplirse, la municipalidad volvería a recuperar la titularidad del inmueble, añadió Aquino.

La comunidad de San José de Mboy, en el distrito de 25 de Diciembre, en el departamento de San Pedro, se vio conmocionada por un supuesto caso de posesión demoníaca.

La situación tiene como protagonistas a tres menores de 6, 10 y 12 años de edad, respectivamente, quienes desde hace unos días empezaron a mostrar un extraño comportamiento.

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Según manifestó a medios locales Freddy Cristaldo, padre de los niños, sus hijos supuestamente fueron poseídos por entidades que los obligan a actuar de forma violenta y hasta a autoflagelarse.

Todo habría comenzado hace aproximadamente un mes, cuando su hija de 10 años presentó llamativos cambios en su actitud, al extremo de invocar continuamente los nombres del “Pombero” y “Malavisión”.

La situación empeoró hace una semana, cuando sus otros hermanos comenzaron a manifestar los mismos síntomas, con un comportamiento que causó temor y preocupación en este padre de familia.

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El mismo afirma que, inclusive, sus hijos llegaron a expulsar a través de la boca pequeños trozos de madera, hueso o papel, manifestación que genera incredulidad en algunos pobladores de la zona.

Mientras tanto encuentran alguna solución, Cristaldo y su padre deben turnarse para cuidar a los pequeños, de modo a evitar que huyan de la casa o se hagan daño.

El Pronasida y la Red de VIH-PY con apoyo de ONUSIDA lanzan la Campaña PPE, que consiste en un tratamiento preventivo que puede reducir el riesgo de infección por VIH si se inicia dentro de las 72 horas posteriores a la exposición de la situación de riesgo.

La campaña busca informar a la población sobre la disponibilidad de este tratamiento y la importancia de actuar rápidamente en estás situaciones.

La pastilla PPE Profilaxis Posexposición está disponible en todos los hospitales públicos del país. Es fundamental que las personas que han sufrido abuso sexual conozcan sus derechos y las opciones de atención disponibles. El hospital debe respetar los derechos humanos y la confidencialidad de las personas que acuden a las consultas.

El protocolo de PPE Profilaxis Posexposición requiere explicaciones claras y seguimiento adecuado. Las personas que sufren algún tipo de violencia sexual tienen derecho a un tratamiento que respete su dignidad, confidencialidad y privacidad. Los hospitales y establecimientos de salud deben tener la PPE en todo momento, ya que negarla va en contra de los protocolos y derechos.