Fiscalía rechaza chicana de Giuzzio en caso de coima de narco

La Fiscalía rechazó la recusación presentada por la defensa del exministro Arnaldo Giuzzio y confirmó a los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino en la causa que investiga la supuesta coima recibida por parte del narcotraficante Marcus Vinicius.

A través de la Resolución Nº 141, el Ministerio Público rechazó la recusación formulada por la defensa de Arnaldo Giuzzio y confirmó a los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino en la causa que lo investiga por cohecho pasivo agravado. Esto atendiendo a que no encontraron sustento válido que confirme la falta de imparcialidad alegada por el recusante, según informó El Observador.

El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había presentado una recusación, a días de vencerse el plazo para que lo acusen y piden su juicio, contra los agentes fiscales asignados a investigar su causa por la coima recibida de capo narco Marcus Vinicius.

La recusación presentada por Arnaldo Giuzzio hablaba de una “evidente falta de objetividad en la investigación fiscal”.

Asimismo, sostenía que “se intenta ocultar evidencia que podría servir para la defensa, así como otras conductas que denotan la mala fe de sus actuaciones”.

En vista a lo anterior, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia fueron quienes finalmente presentaron la acusación contra Arnaldo Giuzzio y solicitaron su juicio oral y público.

LOS PUNTOS QUE ACUSA LA FISCALÍA

Los datos recabados para sostener la causa señalan que el señor Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, ejerció la titularidad de la cartera de Estado del Ministerio del Interior, desde el 22 de enero de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022, y entre sus competencias administrativas tuvo a su cargo la de ser ordenador de gastos; emitir las autorizaciones para los llamados a licitación para la adquisición de bienes o servicios para el Ministerio del Interior; adjudicar a los proveedores y, en consecuencia, suscribir los contratos correspondientes; además, de tener, puntualmente, la administración y disposición de los gastos reservados.

Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la presente etapa de investigación, es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien actualmente se encuentra detenido y procesado en la República Federativa del Brasil, por su presunta vinculación con el narcotráfico; que era la de mantener un relacionamiento directo y cercano con el Ministro del Interior, lograr ser proveedor del Estado de chalecos antibalas y vehículos blindados, al Ministerio de Interior y a la Policía Nacional.

Incluso, bajo ese conocimiento mantuvo encuentros y tratativas a través de las cuáles el afectado aceptó en nombre de la institución a su cargo, las reparaciones de vehículos blindados del ente, como la reparación de una camioneta para la utilización de la Secretaria Nacional Antidrogas.

Asimismo, se corroboró que existía la intención de licitar por parte del Ministerio del Interior, conforme lo declaró el sr. Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y aún, bajo ese conocimiento el acusado, Arnaldo Giuzzio, le solicitó y aceptó en préstamo una camioneta blindada para su uso particular, uso que se extendió del 26 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022, oportunidad que Marcus Espíndola, se apersonó hasta el domicilio del acusado para retirar el rodado dado en préstamo.

Igualmente, se tiene por probado que el Ministerio del Interior no realizó pago alguno por las reparaciones realizadas por OMBU (firma de Marcus Espíndola) y que, pese a existir un contrato plurianual entre el Ministerio del Interior y el Taller RC, el acusado optó por tomar las “cortesía” ofrecidas por el citado, quien cuenta con vínculos con el tráfico internacional de drogas.

Finalmente, se tiene por probado el hecho de que el acusado Arnaldo Giuzzio, siendo el titular del Ministerio del Interior no convocó a licitación alguna para las reparaciones ni mantenimientos de los vehículos tácticos antibombas, utilizadas en la zona norte del país y que por el contrario, aceptó en cortesía por parte de una empresa que no contaba habilitación para dicha actividad, y cuyo titular se encuentra procesado y detenido por sus vínculos con el tráfico internacional de drogas.-

Todo ello, se desprende de las testimoniales recibidas por el Ministerio Público, información brindada por la República Federativa de Brasil en el marco de la Cooperación Internacional, informes proporcionados por el Ministerio del Interior y documentaciones incautadas del domicilio del acusado.

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US$ 550.000 para matar a Pecci salió de Paraguay y usaron banco de EEUU, reportan

Desde Colombia reportan que los sicarios que mataron al exfiscal Marcelo Pecci, utilizaron el sistema financiero estadounidense, para cobrar el dinero, USD 550.000, que el mandante les remitieron desde Paraguay.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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G. 300 millones y USD 100.000, el botín llevado por asaltabancos en Natalio, confirma BNF

El monto sustraído por los delincuentes que perpetraron un asalto tipo comando en la ciudad de Natalio asciende a G. 300 millones y cerca de 100.000 dólares, según confirmaron desde el BNF.

El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

El que arrolló a agente PMT se desentiende de gastos de la víctima, denuncian

La agente Lidia Jara, de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, quien fue arrollada por un automovilista mientras ejercía su función, denunció que el hombre identificado como Emilio Delgado Ayala, se desentendió totalmente de su obligación de hacerse cargo de los gastos médicos derivados del percance.


Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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