Lo que es considerado por muchos como la novela de Guairá vivió un nuevo capítulo ayer en horas de la tarde tras el ingreso de una turba de manifestantes a la sede de la gobernación. En ese momento Óscar Chávez, quien fungía como gobernador, debió retirarse del lugar, permitiendo que Rodolfo Friedmann vuelva a tomar el control y ocupar su cargo.

En entrevista con la 970 y el canal GEN, Friedmann se expresó tras todo lo ocurrido comentando que la propia junta departamental de Guairá había anulado las resoluciones en las que aceptaban su supuesta renuncia y nombraban a Chávez, por lo que lo resuelto por el Tribunal Electoral de Villarrica es totalmente inoficioso.

“No causa ningún efecto esto porque la cuestión que se está dirimiendo ya ha desaparecido, por esto están actuando de esta manera”, indicó.

A su vez, cuestionó el hecho de que el jefe de policía departamental haya tomado conocimiento del supuesto cambio de gobernador mediante una comunicación del abogado Jorge Portillo, sin siquiera tener algún documento oficial que avale la cuestión.

“No existe ninguna resolución que nos haya removido del cargo, lo que ocurrió acá es una situación de ocupación física, vinieron a ocupar físicamente desde el viernes a la noche hasta ayer a la tarde”, recordó Friedmann.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a los agentes de policía y antimotines que colaboraron para restablecer el orden en la sede de la gobernación sin necesidad de reprimir a los manifestantes o causar algún tipo de daño.

“No se si se puede decir que la gobernación está en paz, espero de esta gente cualquier cosa. Así como vinieron el viernes a las 3 de la mañana a atropellar lo pueden hacer en cualquier momento, por eso estamos en vigilia permanente”, manifestó refiriéndose a Óscar Chávez y sus seguidores que lo acompañaron para ocupar la gobernación.

Friedmann adelantó que ya ha tomado acciones judiciales al respecto, presentando una denuncia formal en la Fiscalía sobre lo ocurrido el día viernes. Según mencionó, desaparecieron varios documentos y computadoras de la sede de la gobernación. Inclusive, existirían videos en los que se observa a varias personas cargando los documentos en el vehículo de Óscar Chávez.

Por último, aseguró que los funcionarios de la gobernación podrán volver a trabajar normalmente, considerando que se les impidió el ingreso al recinto en la jornada de ayer. Así también, confirmó que él mismo se hará cargo de cubrir los gastos de reparación en el edificio, ya que no quiere recargar ese costo a la gobernación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.