Uno de los principales puntos que se dejó de lado en el proyecto del Gobierno anterior es garantizar la provisión de la materia prima, una vez que esté en funcionamiento el nuevo tren de molienda de Petropar. Se desconoce si efectivamente los cañeros del Guairá están en condiciones de proveer la cantidad de caña de azúcar que se necesita para la ampliación de la planta en Mauricio José Troche.

Actualmente para que funcione esta alcoholera necesita 20.000 toneladas de caña de azúcar y hoy los cañeros ni siquiera pueden proveer esa cantidad a la petrolera estatal. Con la ampliación de la planta de Troche va a producir dos veces más, con lo cual la provisión debe trepar a las 60.000 toneladas de caña.

No existen garantías de que haya esa disponibilidad en el área, teniendo en cuenta de que la cantidad de hectáreas plantadas no tuvo un aumento en los últimos años, principalmente por la falta de inversión de parte de los productores. Además se hace cada vez más difícil obtener mano de obra de los llamados peladores para la cosecha.

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El promedio anual  de caña de azúcar es de 45 Tn/Ha, mientras otras alcoholeras trabajan entre 90 a 120 Tn/Ha. Según datos recabados, la calidad de la caña de azúcar proveída a la planta de la zona no alcanza los estándares de calidad de los ingenios privados en vista que los mismos tienen sus propias plantaciones.

A lo anterior se suma que el proyecto original del Gobierno anterior no presupuestó una planta de efluentes CERO. Con este nuevo tren de molienda se estará generando 3.000.000 de litros/día de vinaza, un desecho tóxico que triplica lo que actualmente se genera y compromete los cauces hídricos de la zona.

Actualmente se cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que envía al cauce hídrico la vinaza tratada con sus valores de demanda química de oxígeno dentro de los parámetros regulados por el Ministerio del Ambiente.

El proyecto debe estar listo a finales del año, pero sin una buena planta de tratamiento de afluentes, no podrá operar, porque de lo contrario necesariamente el desperdicio tendrá que tirarse a los cauces hídricos, lo cual generará un tremendo daño al medio ambiente.

De acuerdo con las estimaciones, una planta de tratamientos cuesta USD 3,5 millones. Es decir, el “elefante blanco” de Marito terminará costará USD 31,5 millones al agregarle este extra no previsto en el proyecto inicial que de momento cuesta 28 millones.

Las preguntas que surgen ahora son: ¿Qué hará el nuevo presidente de Petropar con este proyecto para no quedar pegado? ¿Podrán los cañeros abastecer la demanda todo el año? ¿Seguirán contaminando los cauces hídri­cos? ¿Pueden abortar el proyecto y pedir cárcel para los responsables del alevoso fato?

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.