Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes su proceso de evaluación mutua de Paraguay, que además de analizar el combate del sector público al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo se centrará en la gestión de riesgos por parte del sector financiero.

Esta ronda evaluadora se fijará en comprobar si las medidas aplicadas por el país, tanto en el sector público como en el privado, son efectivas para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.

De ahí que también estudien las relaciones entre el sector público y la banca, “encargada de reportar operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como dijo este lunes a los medios el presidente de Gafilat, Sergio Espinosa.

“Es muy importante demostrar lo que haya hecho el sector privado, sobre todo el financiero, no solo financiero, pero sobre todo financiero, para ver cómo entienden los riesgos”, explicó Espinosa tras la reunión inicial en el Palacio de Gobierno, en la que también participó el presidente, Mario Abdo Benítez.

Paraguay tendrá que demostrar a los evaluadores de Gafilat, a través de cuestionarios, estadísticas y entrevistas, “que las medidas aplicadas (para combatir los riesgos) son efectivas” y “que se están logrando resultados”, sobre todo, en cuanto a condenas.

No obstante, Espinosa reconoció que es difícil establecer un número de condenas que prueben la lucha contra los delitos financieros, ya que son procesos que por su naturaleza se demoran en el tiempo, y agregó que en estas evaluaciones se tiene en cuenta el contexto del país.

“En todos los países se observa que las condenas nos son demasiadas (…). Suelen ser delitos muy complejos donde el horizonte de investigación, juzgamiento y condena no es corto”, apuntó el presidente de Gafilat en alusión a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Paraguay cuenta con tiempo hasta principios de enero para completar los cuestionarios de Gafilat, remitidos hace cerca de un mes.

Una vez recopilada esa información, que se remonta hasta cuatro años atrás, el grupo evaluador, todavía por conformar, analizará los datos y visitará el país en mayo 2020, cuando se mantendrán entrevistas con representantes del sector público y del sector privado.

El informe final se conocerá en diciembre de 2020 y, en función de sus resultados, Gafilat decidirá qué tipo de seguimiento dar al país.

En el caso de que se detecten anomalías o falta de acciones para prevenir delitos como la financiación del terrorismo o el lavado de dinero, Paraguay tendrá todavía un año, hasta diciembre de 2021, para acometer mejoras y evitar volver a la Lista Gris, en la que ya estuvo entre 2008 y 2012.

“Hay algunos casos en la región de países que han estado en esa lista y no es difícil identificar cuáles son las consecuencias de eso, dado que una presencia en una lista puede tener efectos directos. Con el sector financiero, sobre todo, con cómo es analizado el sector financiero en los demás países de la región y del mundo y de cómo eso afecta a la economía del país”, añadió Espinosa.

Anuncian visita del primer ministro de Japón

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitá Francia, Brasil y Paraguay la próxima semana, como parte de una estrategia para impulsar los vínculos con América Latina, anunció este viernes el gobierno de dicho país.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

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Operativo Arambe II: concretan pérdidas de cerca de US$ 3 millones a narcotraficantes

El MInisterio Público llevó adelante el Operativo Arambe II en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024, ocasión en que se logró la destrucción de 150.000 kilos de supuesta marihuana prensada y picada.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

Ley de Fomento de la Lectura quedó reglamentada

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 7140/2023, cuyo objetivo de política nacional de fomento de la lectura y el libro es promover la lectura, la escritura, la producción y la circulación del libro como instrumento sociocultural imprescindible para la formación integral de niños, jóvenes y adultos.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.