“Sr Edgar Olmedo si uno de los secuestrados fuese un familiar suyo, hubiese manejado la información que recibió de la forma irresponsable como lo hizo? No importa si la misma está certificada o no, o si se conoce o no la fuente humana su responsabilidad era elevar a quienes debían analizar dicha información!”, lamentó Marta Lorena Denis, una de las hijas del exvicepresidente.

Agregó que, Olmedo no solamente le falló a los secuestrados y a sus familiares, sino a todo el Paraguay que sufre a causa del EPP.

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“Espero que asuma las consecuencias de su responsabilidad”, escribió a través de sus redes sociales, adjuntando publicaciones periodísticas en las que Olmedo admitía que los mensajes mostrados por la funcionaria penitenciaria eran reales.

No existe un protocolo escrito sobre qué datos debe el Ministerio de Justicia desechar o remitir a la Fiscalía. Sin embargo, el entonces titular Édgar Olmedo decidió no comunicar a la Policía porque la información “no estaba certificada”, según su criterio de inteligencia.

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“Para darle curso y remitir al Ministerio Público, se requiere información mucho más precisa, se solicita el proceso de certificación, eso no fue realizado, entonces, no se procesa”, admitió Olmedo  esta mañana.

Los acusados son el comisario Hugo Regis Florentín (50), el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez (41) y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero (45), todos en su momento prestaban servicios en el departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

Además del oficial primero Roberto Samaniego Parquet (32) y los suboficiales César González Agüero (24), Javier Antonio Martínez Ocampos (29), Alfredo Villalba Agüero (26), Rubén Darío Giménez Maidana (41), Jaime Javier Ramírez Brítez (33), Alder Centurión Céspedes (35) y Pedro Osvaldo Brítez Achar (35), quienes a su vez cumplían funciones en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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El crimen se produjo el 19 de noviembre de 2022, en el kilómetro 12 Acaray, a unos 6.500 metros de la Ruta PY02, de Ciudad del Este, donde resultó como víctima fatal Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y baleada Gloria Yetsica Espínola Cáceres, quien meses después también falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

Según los antecedentes, los agentes policiales habrían participado de un procedimiento, que culminó supuestamente en un enfrentamiento a mano armada con personas civiles. En dicha circunstancia, presumiblemente fueron baleadas las víctimas que circulaban en un automóvil Toyota Allion, de color azul, que estaba al mando de Ortiz Estigarribia, quien recibió varias heridas y falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. A su vez, Gloria Yetsica murió el 7 de febrero de 2023, tras permanecer 78 días hospitalizada.

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Finalmente, tras concluir el plazo establecido por el Juzgado, el Ministerio Público formuló la acusación y presentó un cúmulo de pruebas contra los acusados, que incluye peritajes, testimoniales, anticipo jurisdiccional de pruebas, entre otros elementos. La acusación se basa en el cargo de homicidio doloso en coautoría.

Ante la gravedad de la denuncia por parte de un usuario del hospital Psiquiátrico, el Ministerio de Salud dio apertura a una investigación desde la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que se presentó en las instalaciones durante la jornada de este miércoles.

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Finalmente, la cartera sanitaria dispuso la intervención del neuropsiquiátrico a través de la resolución S.G. N° 548, en el cual se asigna a interventores representantes de varias dependencias del Ministerio de Salud para que puedan recabar datos específicos y analizar el caso, en un periodo que no debe pasar los 30 días.

De acuerdo a Salud, la intervención se realizará con el fin de constatar el funcionamiento del servicio en el hospital y adoptar las medidas correctivas.

La denuncia fue realizada por el ciudadano Alexis Gallagher, quien a través de sus redes sociales expuso los supuestos tratos que sufrió cuando fue internado en el 2021 en el Hospital Psiquiátrico.

La Cámara de Diputados aceptó este miércoles la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que concede al Congreso Nacional, por el término de veinte años, la administración de las plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Municipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de La Encarnación de la ciudad de Asunción y deroga el artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, Que declara patrimonio histórico nacional las plazas: Independencia, Juan de Salazar y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

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La propuesta tenía la finalidad de mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales; así como recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación, en los referidos inmuebles.

En contra del proyecto, el Poder Ejecutivo alegó que el Art. 166 de la Constitución Nacional, determina que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

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Desde el Ejecutivo refirieron además que el proyecto de ley, al conceder al Congreso Nacional la administración de plazas públicas, propiedad de la Municipalidad de Asunción, podría transgredir la autonomía municipal, y en ese sentido, otorgar al Congreso atribuciones que, en general, corresponden a las municipalidades.

Por otro lado, argumenta que el Art. 168 señala que las municipalidades tienen como atribución “la libre gestión en materia de su competencia, particularmente, en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, así como la administración y disposición de sus bienes”.