En la jornada de ayer se llevó a cabo la incineración de los más de 2.000 kg de cocaína que habían sido incautados hace unas semanas atrás en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción.

Este proceso debió realizarse al aire libre debido a que el horno pirolítico con el que cuenta la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) se encuentra fuera de servicio por aparentes problemas técnicos.

El ingeniero Andrés Campos Cervera, vicepresidente de la firma Engineering S.A., en entrevista con ABC Cardinal aclaró que el horno está en perfecto funcionamiento, atendiendo a que se había realizado un último mantenimiento hace tan solo dos meses atrás (diciembre del 2018).

Asimismo, comentó que se hicieron varias pruebas y capacitaciones con personal de la cartera antidrogas -tanto de la anterior administración como de la actual-, a fin de que puedan manipular correctamente este equipo. “Uno no puede estar eternamente al lado del horno explicándole a la gente cómo funciona”, refirió.

Pese a las formaciones que fueron realizadas con los propios técnicos de la firma, Campos Cervera sostiene que aún así no están pudiendo operar de manera adecuada el horno, inaugurado en agosto del año pasado, y por ello responsabilizan del problema a la empresa. “La mejor forma de excusarse es siempre culpándole al proveedor, todo es más fácil, más sencillo y más llano cuando se encuentra al culpable”, acotó.

El mismo confirmó que la empresa Engineering S.A. no fue informada sobre esta actividad realizada ayer y manifestó que si tal cosa ocurría con gusto hubieran enviado algún técnico o funcionario para colaborar para la puesta en funcionamiento, sobre todo atendiendo a la presencia del presidente Mario Abdo Benítez.

El vicepresidente de la firma mencionó a la 730 AM que en este horno pirolítico ya se han incinerado sin inconvenientes varias cargas de cocaína, medicamentos, inclusive documentos de embajadas que “no sabe por qué se enviaron allí”, pero que ayer llamativamente no pudo funcionar.

“Salir a decir que un equipo no funciona y que de alguna forma se está hablando de la trayectoria empresarial que tenemos me dejó un poco descolocado”, admitió el industrial, quien habló de una aparente intención de culpabilizar a la administración anterior por la falla.

Por ello, considera que todo esto tiene un sabor a ‘no te aviso, vos pasás la pelada y el culpable es fulano’, dando cuenta de que “no hay una sinergia de trabajo”.

Campos Cervera reveló que hasta ahora ninguna autoridad de la Secretaría Nacional Antidrogas -incluyendo al propio ministro Arnaldo Giuzzio- les había hecho un pedido de reparación o mantenimiento correctivo al horno, pese a tener contacto directo con la firma. De igual manera, dijo que le llama la atención que digan que no funciona pero sin brindar mayores detalles de cuál es la falla o avería.

“Si yo hubiese estado informado, habría dispuesto de gente (para acompañar el evento). Si realmente la gente estaba temerosa de operar el horno y fue más fácil decir que no funciona y echarle la culpa a la empresa, el daño ya está. Para las próximas oportunidades nos avisan y nosotros sin ningún problema estamos ahí”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.