En la sede del BCP se realizan los entrenamientos a cargo del experto internacional, Alejandro Montesdeoca, quien aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, relacionados a la lucha contra el lavado de activos provenientes de la corrupción y el financiamiento del terrorismo.

El miércoles fueron citados los representantes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y de la Contraloría General de la República. Por la SENAC participaron el director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter, y el director general de Prevención y Transparencia, Julio Noguera. En tanto por la Contraloría estuvieron el director general de Declaración Jurada de Bienes, Armindo Torres, y el jefe de Rendición de Cuentas, Luis Montero.

Ese día también estuvieron los técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Atilio Gómez, Fabio Andrés López Ortíz y Rodrigo Gómez, para formar parte de la realización del ejercicio de simulacro de evaluación.

El lunes, los representantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE) participaron del entrenamiento.

La semana pasada le tocó participar al Superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán, y el intendente Franklin Boccia, del BCP. Además de los representantes de los casinos del Paraguay, de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y las EMPEs (Empresas de Medios de Pagos Electrónicos).

Cabe destacar que los sectores referidos son Sujetos Obligados y están sometidos a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT; como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia, de desarrollar políticas internas, de llevar registro e informar operaciones sospechosas a esta institución.

¿QUÉ ES GAFILAT?

Según describe su página web, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La organización regional está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.

¿QUÉ REALIZA?

GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, y las evaluaciones mutuas.

A este estudio será sometido nuestro país y consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada miembro del grupo para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El proceso de evaluación conlleva el estudio y análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones y la efectividad de sus resultados. Esto le permite al país analizado integrarse a la red global de Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF y recibir una calificación de aval.

¿QUÉ PASARÁ SI PARAGUAY NO APRUEBA?

Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó a La Nación Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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