El proceso es el siguiente: estas denuncias provienen de diversas áreas del IPS, como la Dirección Jurídica, la Gerencia de Salud y la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

Todo se canaliza a través del departamento de Aporte Obrero Patronal y se remite al Departamento de Control del Aportante para llevar a cabo la fiscalización correspondiente.

En ese sentido, la previsional destacó que aproximadamente el 90% de las fiscalizaciones a empresas se originan a partir de denuncias anónimas de los propios empleados, lo que hace que este proceso sea especialmente delicado, ya que está en juego el sustento de muchos compatriotas.

En octubre, el IPS y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el sistema de seguridad social y promover la formalización del empleo.

La primera etapa consistió en enviar notificaciones a todas las empresas para recordarles el cumplimiento obligatorio de los pagos de las cotizaciones de los trabajadores. En esta segunda etapa, se llevan a cabo controles in situ en las empresas.

El proceso de fiscalización se desarrolla de la siguiente manera: al llegar a la empresa, los fiscalizadores documentados solicitan autorización para llevar a cabo la verificación en el lugar.

Una vez obtenida la aprobación del empleador, se procede a verificar los datos de todos los empleados presentes.

Esta verificación se documenta en una planilla llamada “Planilla de Constatación”, que incluye información como nombres, apellidos, números de cédula de identidad, salarios y antigüedad.

Si el empleador no permite la realización de la fiscalización, se levanta un acta de denegación, proporcionando a la patronal una copia, tras lo cual los fiscalizadores se retiran del lugar.

Todas las inspecciones se realizan dentro del horario habitual de las empresas. Los representantes del IPS deben exhibir sus documentos de identidad y la Orden de Inspección, dejando una copia del Acta de Inspección para la empresa, la cual debe ser firmada y sellada por los inspectores y los representantes de la empresa sujeta a investigación.

En caso de encontrar trabajadores no inscritos en el Seguro Social, los inspectores proceden a la inscripción de oficio de estos trabajadores. Además, se realizan planillas complementarias en casos de incumplimiento de las normas del seguro social, cobrando los aportes no realizados con los respectivos recargos y multas.

Asimismo, el IPS mencionó que existe la figura de evasión de aportes a la seguridad social. Se considera evasión cuando un empleador, después de descontar del salario el monto correspondiente al aporte debido por el trabajador, omite ingresar o entregar dicho monto a la entidad recaudadora.

Esta infracción conlleva una pena privativa de la libertad de 1 (uno) hasta 5 (cinco) años o una multa.

Estas fiscalizaciones se enmarcan en la Ley vigente 98/92 con reglamentaciones emitidas por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Además de garantizar el cumplimiento normativo, debido a que se registra un 70% de evasión del seguro social obligatorio, las fiscalizaciones buscan lograr la paz social al formalizar empresas y asegurar que cumplan con todas las normativas vigentes, evitando competencia desleal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.