La ordenanza municipal 468/14, que regula la prevención de incendio, establece una serie de criterios que deben cumplirse en edificios como el del IPS. En ese sentido, los fiscalizadores de la Municipalidad de Asunción encontraron algunas falencias durante su visita a la previsional, realizada el 26 de febrero del 2020. “En la visita que hicieron tomaron observaciones. Si bien tenemos todo, no todo se encuentra en óptimos estados. A consecuencia de eso, ellos solicitan un certificado y planilla de mantenimiento”, indicó Richard López, jefe del departamento de prevención de incendios de IPS.

En todo el edificio hay 3.000 detectores de humo o calor, pulsadores y luces de emergencias, pero ningún rociador para apagar las llamas.

En entrevista con La Caja Negra (Unicanal), López contó que ante esta observación tomaron nota de los reclamos de la Municipalidad de Asunción y las autoridades del IPS ordenaron que se proceda a dotar al hospital de las medidas de prevención. Sin embargo, luego en el mes de marzo se vino la pandemia y las prioridades cambiaron, según argumentó. “Si bien no se pudieron ejecutar muchas cosas, el trabajo se hizo en el mantenimiento de detección e hidráulica. Pero también somos víctimas de la burocracia de los llamados a licitación”, agregó.

Sobre el reclamo por la falta de rociadores en el sitio, reconoció que los fiscalizadores llamaron la atención sobre ese punto y que por ello en la previsional elaboraron un plan ejecutivo y operativo para dotar al hospital de los rociadores. “El hospital no cuenta con esos elementos. Está todo en papeles y en números, pero lleva su proceso burocrático porque es una licitación millonaria para dotar a todo el hospital, por más de 20 mil millones de guaraníes. Desde octubre del 2020 que ya está el llamado”, agregó.

Consultado sobre qué medidas posee la institución en el caso de existir un principio de fuego, respondió que posee mangueras contra incendios y un sistema de extinción automática de tableros electrónicos. “Si tenemos un exceso de calor en algún tablero, ese sistema se activa y expulsa unos gases limpios para enfriar el tablero y lo bueno es que no destruye el sistema eléctrico. Son equipos nuevos y los extintores están al día. Si bien no estamos al 100%, tenemos capacidad para reaccionar”, dijo.

“El sistema de aviso funciona en el caso de tener un evento, donde nos aplazamos es que todo este sistema necesita el mantenimiento. No es que no tenemos (los equipos), sino que debemos hacer el mantenimiento para garantizar que sea segura su utilización en el caso de tener que utilizar el sistema. No existe antecedente de mantenimiento”, reconoció.

El Departamento de Prevención Contra Incendios de la Municipalidad de Asunción detectó, a partir del proceso de verificación de las instalaciones, que el Hospital Central del IPS no cuenta con un sistema de extinción de incendio hidráulica, que funciona mediante rociadores. Este tipo de sistemas de prevención además de ser una obligación establecida en una ordenanza municipal, responde un estándar internacional establecido por la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que estipula el alto nivel de eficacia, cerca del 88%, de este tipo de sistemas en la prevención contra incendios.

La inspección municipal también detectó que varias gavetas contra incendios ubicadas en los pasillos de IPS central estaban en mal estado y que las puertas de emergencia permanecen cerradas y sin mantenimiento convirtiéndose en un peligroso cuello de botella en casos de emergencia.

Estas graves falencias de seguridad ponen en alerta a las autoridades municipales ya que en caso de desatarse un incendio en semejante hospital las consecuencias son impredecibles. En estas condiciones el Hospital Central, que recibe diariamente a unas 10 mil personas, se convierte en un potencial Ykua Bolaños pero multiplicado por 10.

En varias áreas del hospital, como neonatología, pediatría, terapia intensiva y otros el personal de blanco y los pacientes están prácticamente librados a su suerte ya que el edificio no cuenta con un sistema que permita la extinción del fuego por rociadores, un sistema que ataca instantáneamente el foco de incendio mientras se inicia el proceso de evacuación.

Desde la Municipalidad de Asunción no descartan la aplicación de sanciones administrativas como multas y la eventual suspensión del uso del edificio, esto ultimo aplicable al caso de la caja central del IPS donde también se constataron graves falencias.

No obstante, se remarca como grave el hecho de que los directivos de IPS incumplan las normativas de seguridad y pongan en riesgo la vida de los miles que transitan día a día por el hospital.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.