Según informó el Ministerio de Salud, el lanzamiento de la Campaña Nacional de Desparasitación Masiva a Escolares (CNDME), implementada desde el año 2013, se realizó en la Escuela Básica N° 241 “Estanislao Sanabria”, de la ciudad de Nueva Italia, departamento Central. Este año, la campaña amplía su alcance, incorporando al nivel inicial y a los matriculados del sector privado, según datos del registro único del estudiante.

Esta acción se lleva adelante en respuesta al Plan Nacional de Salud Integral de Niñez 2016-2021, y en cumplimiento de la Ley Nº 5210/14, de alimentación escolar y control sanitario, que enmarca actividades conjuntas entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia, y el Ministerio de Educación y Ciencias, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

El suministro de un comprimido de Albendazol a escolares de todas las instituciones educativas públicas, privadas y subvencionales del país es acompañada con una fuerte concienciación sobre la promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades transmitidas por parásitos, así como, el acceso a agua potable y eliminación de excretas fusionando dos aspectos fundamentales para el desarrollo de un país, la salud y la educación. El objetivo es disminuir la tasa de prevalencia de parásitos intestinales en niños y adolescentes.

Tras el acto realizado en el Panteón de los Héroes, Riera conversó con la prensa el sobre le caso Dalia López, a quien colocaron la tobillera electrónica luego de ser beneficiada con el arresto domiciliario.

Destacó que, para la Policía Nacional, el monitoreo electrónico resulta más eficiente que el sistema tradicional, ya que permite un control en tiempo real y más riguroso de los procesados.

Actualmente, Paraguay registra unas 7.900 prisiones domiciliarias, las cuales requieren la presencia física de efectivos policiales para custodiar su cumplimiento. Según el ministro, esta situación “inmoviliza” a miles de agentes que deberían estar patrullando las calles en lugar de vigilar domicilios particulares.

“Estamos trabajando con la Corte para implementar las tobilleras en todos los casos de prisión domiciliaria o medidas alternativas, especialmente en hechos menores como accidentes de tránsito. Así logramos descongestionar las cárceles y devolver los policías a las calles”, expresó el secretario de Estado.

El panorama actual revela una subutilización de la tecnología: de los 1.000 dispositivos disponibles, solo 200 están siendo utilizados hasta la fecha.

La realidad del cobro de prestaciones alimentarias en Paraguay tiene dos caras. Por un lado, herramientas como el registro SARA (Sistema de Administración de Recursos de Alimentos) no están diseñadas para el cobro directo de dinero. Su función es que el deudor figure como “moroso”, lo que le impide transferir bienes o actualizar registros oficiales; si el deudor desea realizar estos trámites, la ley lo obliga a pagar primero.

Sin embargo, para una madre que enfrenta el día a día, la “muerte civil” del progenitor no siempre se traduce en leche o pañales de forma inmediata.

La justicia paraguaya abrió una puerta para garantizar el alimento de los niños. El Tribunal de Apelación de la Capital estudió un caso donde el padre soporta una deuda grande y enfrenta un proceso penal. Ante la falta de pago, la madre demandó a la abuela paterna por la prestación alimentaria.

CUANDO EL PADRE NO PAGA, LOS ABUELOS RESPONDEN

La primera instancia rechazó el reclamo, pero el Tribunal revocó esa decisión. Guillermo Trovato, presidente del tribunal, actuó como preopinante y votó a favor de la demanda. El juez señaló: “Abrimos una nueva vía de reclamo... muchas madres necesitan el mes a mes porque el niño come todos los días”.

Trovato explicó que registros como el SARA o el REDAM no buscan el cobro directo de dinero. Estos sistemas funcionan como medida de presión civil. El deudor moroso figura en una lista y pierde el derecho a transferir bienes o renovar su licencia de conducir hasta que pague su deuda.

El fallo tomó en cuenta que el padre cumple arresto domiciliario. Esta condición anula su operatividad comercial y su solvencia económica real para cumplir con sus hijos. El magistrado recordó que la obligación de los abuelos nace de la ley y de la solidaridad familiar. El Código de la Niñez establece que, si los padres faltan o incumplen, los parientes asumen la responsabilidad de forma subsidiaria.

Aunque este antecedente no obliga a todos los jueces, marca un camino importante. La resolución prioriza el interés superior del niño por encima de los ritos judiciales lentos. Según el abogado, este fallo significa una “vía de oxígeno” para las familias que no pueden esperar años para cubrir necesidades básicas de hoy.

El comisario Jorge Vidallet, jefe del Departamento de Investigaciones de Concepción, informó que el hecho ocurrió anoche en Capitán Giménez, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

La víctima se disponía a cenar en compañía de un amigo. Minutos después de haber llegado aparecieron dos hombres en motocicleta, uno de ellos descendió y disparó durante varios segundos.

Orlando Villa falleció sentado en su lugar. El Departamento de Criminalística levantó 18 vainillas servidas de calibre 9 mm y de momento no se tienen pistas sobre los autores ni el trasfondo.

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Resultó herido Alcides Garay, quien acompañaba al blanco del ataque, pero ya se encuentra fuera de peligro y su condición no reviste gravedad.

En un contacto radial con la 730 AM, el comisario informó que en el año 2006, Villa había sido condenado por un homicidio que perpetró en Calle 9, Alfonso Cue. Tras cumplir su sentencia se fue a vivir a la Argentina y regresó hace aproximadamente 15 días, luego de 10 años fuera del país hasta finalmente lo ultimaron anoche. Este dato será tenido en cuenta en la investigación, pero no será lo único.

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