Se trata de Armando Rafael Benítez, uno de los implicados en un intento de asalto con saldo fatal, quien fue condenado a 24 años de cárcel por homicidio doloso y robo agravado en grado de tentativa. El juicio oral concluyó este martes en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

Con relación al caso, también está acusado un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales C.S.R, quien se encuentra prófugo.

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Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2022, en el local denominado “Vidriería Espínola” de Ciudad del Este.

Los asaltantes circulaban en una motocicleta. Al llegar al lugar, Armando Benítez descendió con un revólver y dio la voz de “asalto” a los hermanos Fermín Espínola y Emiliano Espínola, quienes se encontraban en la vereda.

El presunto asaltante realizó un disparo para intimidar a las víctimas pero, Emiliano reaccionó, tomó una silla y arrojó contra el sujeto armado, quien en ese instante realizó varios disparos, uno de los proyectiles impactó en Emiliano y otros cinco en Fermín Espínola, quien sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo, falleciendo por “shock hipovolémico por heridas de arma de fuego”.

Estando el herido en el suelo, el adolescente también descendió del biciclo y le gritó a Armando Benítez, diciéndole “matale, matale”.

Luego, ambos abordaron la motocicleta como para escapar del lugar, pero fueron empujados y desequilibrados por Emiliano. Al final, los criminales abandonaron el biciclo utilizado para el ataque y escaparon a pie. Sin embargo, uno de ellos fue atrapado y sometido al proceso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.