En contacto con la 650 AM, el magistrado Carlos Hermosilla se refirió a la decisión de liberar al empresario Juan Pío Paiva, condenado por la muerte de 400 personas en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños.

“Los acuerdos suscritos con las víctimas han sido acuerdos extrajudiciales sobre indemnización de daños y perjuicios. En estos se deja constancia que cada familia recibirá 60 millones de guaraníes y los abogados 10 millones de guaraníes, y que el monto saldrá de lo embargado hasta la fecha”, comentó.

Indicó que el acuerdo no tiene relevancia alguna en el juicio donde se liberó a Paiva. “Yo debo dictar mi fallo en base a la ley, una tarea sublime y a la vez ingrata. Estamos expuestos diariamente”, añadió.

“Me tomé tres días para dictar este fallo, eso es lo que me faculta la ley. Fue un fallo totalmente meditado y analizado concienzudamente. Es un fallo que no fue fácil de tomar, yo trato de comprender el dolor de las familias, pero yo me debo a la ley”, aseguró.

El juez de Sentencia Carlos Hermosilla resolvió otorgar la libertad condicional al empresario Juan Pío Paiva, condenado por la muerte de 400 personas en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido el 1 de agosto de 2004. Con la salida de Paiva ya no queda preso alguno por la tragedia que enlutó a todo el país.

ANTECEDENTES

Paiva fue sentenciado a pasar 12 años en la cárcel, tras ser hallado culpable de haber ordenado el cierre de las puertas cuando se originó la explosión en el supermercado.

Al cumplir las dos terceras partes de su condena (8 años y medio) y alegando una buena conducta, su abogado solicitó la libertad condicional.

Junto a Paiva fueron también condenados Humberto Casaccia (2 años), Víctor Daniel Paiva (10 años) y el guardia del supermercado, Daniel Areco (5 años). Estas personas ya recuperaron su libertad.

Juan Pío Paiva purgó siete días de cárcel por cada muerto del Ycuá.

REGLAS A CUMPLIR

Estas son las obligaciones y reglas de conducta que el juez impuso a Juan Pío Paiva, por el lapso de dos años.

* realizar tratamiento psicoterapéutico en el Instituto de Salud Mental con sicólogos especialistas en forma quincenal, por el plazo de 6 meses.

* donar la suma de G. 5.000.000 forma mensual al hogar de ancianos El Oasis.

* no cambiar de domicilio

* prohibición de salir del país sin autorización previa

* prohibición de portar armas

* realizar disculpas o pedido de perdón a las víctimas por un día en un medio de prensa escrito de gran circulación en la República, en el plazo de 15 días siguientes a la fecha de emisión de la resolución.

La nueva normativa permitirá ampliar las oportunidades de inversión, fomentar la participación del sector privado y brindar mayor seguridad jurídica a quienes apuestan por Paraguay.

El presidente destacó que esta legislación representa un paso fundamental para consolidar las bases de un sistema financiero moderno, estable y confiable, que proteja los intereses de los inversionistas y garantice el uso responsable de los recursos del pueblo paraguayo.

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Afirmó que “con la promulgación de esta ley buscamos algo esencial: que haya más confianza en los mercados, más transparencia y más dinamismo económico”.

“Esta ley es una herramienta para cuidar mejor los recursos de nuestra gente, proteger a los inversionistas y dar más seguridad a quienes apuestan por Paraguay”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario subrayó que cada avance económico debe reflejarse en el bienestar de las familias paraguayas, apuntando a una economía cada vez más robusta y estable.

“Queremos que cada paso que demos en materia económica se traduzca en crecimiento, estabilidad y solidez financiera”, expresó.

El reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra una notificación de 34516 consultas por virus respiratorios a nivel país. Ante este escenario, la curva de tendencia continúa por encima del umbral de alerta.

El rhinovirus y el SARS-CoV-2 son los virus que guardan relación con el mayor motivo de consultas y hospitalizaciones.

Por otra parte, la cifra de ingresos hospitalarios se mantiene estable, sin aumentos en los últimos días. En este contexto, en la semana epidemiológica (SE) 44 se contabilizaron 289 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinelas, observando un descenso del 2 % con relación a la semana anterior. El 22 % de los hospitalizados ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

La mayor afectación se observa en personas mayores de 60 años (29 %), seguido de la franja pediátrica: menores de 2 años (19 %) y el grupo de 5 a 19 años (18 %).

En la última semana, se identificó que los virus respiratorios circulantes en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas son: rhinovirus, SARS-CoV-2, seguido de adenovirus, influenza B, virus sincitial respiratorio y parainfluenza.

En lo que va del año, suman 356 los fallecidos confirmados por virus respiratorios, principalmente por influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2. En la última semana (SE) 44 se identificaron 4 fallecidos asociados a virus respiratorios: por SARS-CoV2 (3) y por rinovirus (1).

Ante la presencia de síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta u otro), es recomendable usar tapabocas para impedir contagios y acudir a la consulta médica.

El agente fiscal Marcelo Saldívar confirmó al canal GEN que, luego de tomar conocimiento sobre esta grave denuncia, impulsó una serie de diligencias para avanzar en la investigación.

La acusación habla de una cirugía errónea en la mano sana de la niña, aunque que desde el Hospital Militar sostienen otra versión, alegando el padecimiento de otra patología en el mano donde no estaba el quiste a extirpar.

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El representante del Ministerio Público confirmó que no hubo autorización expresa de los padres de la pequeña paciente para operar esta mano, ya que los estudios previos no detectaron ninguna anomalía en ella.

Los dos hechos punibles que son analizados en estos momentos son lesión culposa (en caso de constatarse la operación incorrecta) y tratamiento médico sin consentimiento (si la intervención se llevó a cabo sin orden de los padres), indicó.

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De momento, no existe imputación contra ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento quirúrgico en el Hospital Militar.

La Suprema Corte de Justicia Militar decidió abrir una investigación interna para dilucidar lo ocurrido. A la par, se dispuso la separación del cargo del Dr. Fernando Sanabria, médico cirujano a cargo de la operación.