El concejal Daniel Centurión se reunió con los 16 vendedores que trabajaban frente al Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de escuchar sus inquietudes, luego del desalojo de la semana pasada.

Tras el amistoso encuentro aceptaron acceder a una formalización, como condición indispensable para volver a instalarse en sus puestos.

“Vamos a ver que todas las actividades que hagan se enmarquen dentro de la ordenanza, tienen que estar a más de 200 metros del nosocomio, no pueden obstruir la vereda y a partir de ahí vamos a ver qué acordamos con el IPS”, comentó Centurión.

Una posibilidad es otorgarles estructuras metálicas donde dispongan de sus productos en un ambiente salubre, teniendo en cuenta que venden comestibles. De prosperar esta iniciativa también aceptaron pagar un canon.

Uno de los compromisos es mantener esa cifra de 16 comerciantes que hace años trabajan allí y evitar que una vez que se consigan los beneficios, se sumen otros interesados.

Esta mañana el presidente del IPS, Benigno López, recibió al concejal Centurión y prometió acompañar este proceso de formalización en la medida de sus posibilidades.

“Va a reunirse con su equipo de infraestructura, ver la distancia de más de 200 metros, que nosotros nos encarguemos de los controles que afectan ordenanzas para ejercer el comercio”, reveló Centurión.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.

El fiscal Osvaldo Zaracho resolvió imputar por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre a Abel Ortega Estigarribia, de 22 años.

Este sujeto se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta PY07 (ex Supercarretera), en el Área 4 de Ciudad del Este.

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En aquella oportunidad, cuatro niños de 6, 10, 11 y 13 años, respectivamente (todos ellos hermanos), fueron arrollados por el biciclo manejado por Ortega.

El que se llevó la peor parte fue el niño más pequeño, quien resultó con severas fracturas y tuvo que ser internado en la sala de terapia intensiva del Hospital de la Fundación Tesâi.

Para formular esta imputación, el agente del Ministerio Público tuvo en cuenta una serie de agravantes, entre ellas la carencia de licencia de conducir por parte del ahora detenido.

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El Juzgado Penal de Garantías decretó la prisión preventiva del motociclista por no cumplir con los requisitos obligatorios para la aplicación de medidas menos gravosas.

Tras esta disposición, Ortega deberá ser remitido a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.