El pasado 4 de agosto fue aprehendido Erlan Ivar García López, quien, según la Policía boliviana, habilitaba distintas cuentas bancarias a través de testaferros y personas de confianza para lavar el dinero obtenido en operaciones relacionadas al narcotráfico.

Los investigadores lo describen como el segundo hombre de la organización criminal que lidera Marset: “Estamos hablando de un pez gordo del narcotráfico”, informó el ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo.

También conocido como Ivar, El Colla o como El Presidente, en Paraguay, ya que es testaferro del narcotraficante uruguayo Marset, pues tenía a su nombre bienes que eran adquiridos con el dinero de la organización.

Estos detalles expuestos por las autoridades bolivianas, coinciden con el relato hecho por Luis Correa Galeano, quien, en su primera declaración en junio del 2022, hablaba de que la persona que ordenó el crimen de Marcelo Pecci era aludida como “el presidente”, pero cuyo nombre desconocía.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que, hasta junio del 2022, todo lo mencionado sobre las palabras patrón, presidente y expresidente no tiene ningún tipo de sustento diferente a un contexto totalmente informal, pues, Correa hablaba de una manifestación que escucha de alguien identificado como Ramón, que, según se cree, es Ramón Pérez Hoyos, hermano de Felipe Pérez Hoyos, quienes, junto a Margaret Chacón, serían los coordinadores de la orquestación dolosa.

“Les comparto una frase. Dijo que Marcelo le tenía montada a su patrón -al patrón de Ramón que no sabemos quién es- que le había perjudicado procesalmente a una persona querida por el patrón, también vinculado a políticos de alto rango y aparte habla de alguien que no le quedaba claro si era un presidente actual o pasado o un vicepresidente”, relató Doldán.

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Sin embargo, recién hace dos semanas, Correa Galeano cayó en una contradicción, pues, de no conocer a los mandantes, pasó a dar hasta sus nombres, pese a estar todo un año incomunicado del resto de la banda.

El 16 de enero de 2023, en la audiencia de imputación de los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, la Fiscalía colombiana presentó su cronología del crimen de Marcelo Pecci, con las dos primeras declaraciones testificales de Francisco Luis Correa Galeano del 4 y 7 de junio de 2022, tomadas en Cartagena, con la corroboración técnica de realización de llamadas, verificación de movilidad por videocámaras y registros en hoteles, pagos y movidas financieras.

“Él ese día me comentó que había una vuelta para matar un fiscal paraguayo, me dio el nombre que era el fiscal Marcelo Pecci, que, porque el man se la tenía montada al patrón de ellos, porque le metió un hermano a la cárcel al patrón, yo no sé cómo se llama el patrón de Ramón, he escuchado que es un man paraguayo, que a mí me dicen que el man fue atracador de bancos y luego se volvió narco, y que se voló de una isla francesa pero no sé cuándo fue eso”, expresó Correa Galeano.

Según Doldán, aquí también se pierde el hilo, pues, no se encontró referencia alguna de un narcotraficante paraguayo escapado de una cárcel de Francia.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.