Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.

En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.

El director general de Prevención y Seguridad, Saturnino Santiago Villalba, remitió el pasado 11 de mayo un documento a la Policía de San Pedro para pedir la postergación del procedimiento de expulsión de los invasores del inmueble de los Gorostiaga. En la misiva se lee que “debido al alto índice de contagios, internados, en asilamientos y muertes de efectivos policiales por Covid-19, el riesgo que implica para el personal policial la convocatoria de la cantidad requerida (…) se solicita la postergación hasta que se den las condiciones sanitarias para la ejecución del operativo”.

El abogado Luis Ayala, de la firma Gorostiaga, lamentó en entrevista con radio UNO que la Policía no cumpla con un principio fundamental que es la garantía del derecho a la propiedad privada y argumentó que la negativa a proceder a la expulsión de los invasores responde a una falta de voluntad política. “No es posible que al pedir que se garantice la propiedad privada y se cumpla una orden de desalojo, la Policía Nacional no pueda llevar a cabo argumentando la pandemia. Sin embargo, se realizan iguales procedimientos en otros casos. Hay falta de voluntad política para cumplir una orden fiscal. Se rompen normas básicas porque la Policía tiene la obligación de realizar estos procedimientos. Es la tercera orden a la que no dan respuesta”, cuestionó el letrado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.