La razón, no admitida pero conocida, fue que supuestamente el militar otorgó “excesivas concesiones” para que una empresa,  Compañía Brasileña de Cartuchos, explotara por cinco años la producción de municiones para el Estado paraguayo.

Ahora, a la luz de las evidencias recabadas por la Fiscalía en torno al tráfico de armas al Brasil, recobra vida,  y se desprende que, aquel “raje” obedeció a un choque de intereses con el director Ozuna.

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Esto quedó desvelado con las conversaciones que mantenía el General del Aire Arturo González con Eliane Magali Marengo (vendedora de armas de la firma IAS, acusada por armatráfico) en las que quedaban claras ciertas cuestiones: el poder significativo que tenía la mujer, al punto de ordenar cambios en Dimabel, así como un General de la Fuerza Aérea que tenía más peso que el presidente de la República y del Comando Militar, para decidir sobre esa institución clave de la milicia.

Así fue el diálogo interceptado entre el General González  y Eliane, y en el que, ambos decidieron que Ozuna, que no seguía la “línea” del grupo, debía salir de la institución.

-Decía Eliane: “(…) para nosotros siempre es importante tenerle a alguien que forma parte del CODENA porque te informa, que te diga… mirá, esto se habló, esto se trató, esto se va tratar verdad (…)”.

En una posterior conversación entre ambos, el General Arturo González confirma a la mujer que su consejo fue aplicado.

El textual de la conversación:

-General Arturo Javier González Ocampo: realizamos el cambio.

-Eliane: ¿Ya puedo saber quién es?

-Arturo Javier González Ocampo: Buen tipo el que se va (al frente de Dimabel), si se sabe (antes de publicación del decreto) se le puede volver a cambiar.

-Eliane: Bueno, está bien, qué bueno eso.

-Arturo Javier González Ocampo: Mañana se publica, el Gral. José Balbuena, si se vuelve a cambiar es tu culpa.

-Eliane: Nooo, tranquilo, yo soy tu hombre de confianza.

El diálogo grabado con orden judicial, revela el manejo que exhibía el General del Aire, mimado de Mario Abdo, de asuntos estratégicos del Estado Paraguayo.

¿Por qué Mario Abdo otorgó tal peso a un General de la Fuerza Aérea, por encima de otras armas y del Comando Militar? ¿Quién otorgó poder a una vendedora de armas para cambiar a un director de Dimabel?, son algunas de las tantas interrogantes que flotan tras desvelarse el escándalo de las armas enviadas desde Paraguay, para el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho del Brasil.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.