En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la cartera de Salud Pública se realizó la activación de las campañas “Noviembre Azul” y “Eliminación de la violencia contra la mujer”.

Dicho evento contó con la presencia del ministro de Salud, Julio Borba; la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Lida Sosa; la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez; la viceministra de la Mujer, Lilian Elizabeth Fouz; el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Diego Galeano Harrison; junto con otras autoridades e invitados especiales.

Estas campañas llevan por lema “Únete por la Salud” Noviembre azul y naranja para destacar el cuidado de hombres y mujeres de la sociedad, haciendo hincapié a la conciencia del cuidado de la salud a todos los hombres mediante los controles rutinarios para la prevención y detección precoz del cáncer de próstata y otras enfermedades.

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Cabe mencionar que todas las unidades de salud de la familia (USF) cuentan con profesionales entrenados para cuidar la salud masculina y derivar a la persona, en caso de ser necesario, al urólogo para el cuidado de próstata y otros órganos.

De acuerdo a los datos estadísticos del Observatorio Global del Cáncer (GCO), la incidencia del cáncer de próstata en Paraguay, durante el año 2020, alcanzó a 1.763 personas, y la mortalidad a 630 personas.

En cuanto a la campaña de eliminación de la violencia contra la mujer, la Abg. Claudia Sanabria, directora de la Dirección de Género de la cartera sanitaria, explicó que la misma utiliza el color naranja como símbolo de un futuro más brillante y sin violencia, con el propósito de que los Gobiernos a través de sus diversas instituciones, así como las familias, comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la población sobre esta problemática.

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Según las Naciones Unidas, se estima que la violencia contra la mujer afecta a más de una de cada tres mujeres. A nivel mundial, en promedio, una mujer o niña muere asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos. En Paraguay, de acuerdo a los datos del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el 80% de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar.

En los establecimientos que forman parte del sistema de salud público, de enero a julio del año en curso, se registraron 739 personas atendidas en consultorio, a causa del Síndrome del Maltrato (T. 74) siendo el diagnóstico presuntivo. De ese total, 532 personas atendidas fueron mujeres. Esta cifra nos muestra el porcentaje de 71% de víctimas mujeres. Por su parte, el Ministerio Público reporta 12 denuncias de abuso sexual por día.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.