Pedro Mancuello, viceministro de Industria y Comercio, explicó que a partir del 1 de julio estarán disponibles las bolsas reutilizables en las principales cadenas de supermercados, y que seguirán trabajando para permitir el cumplimiento de la ley.

“En esta primera etapa de la implementación, vamos a tener la colaboración de tanto de los consumidores como productores y usuarios, en la reutilización de las bolsas, cuyo costo será de 200 guaraníes, de manera que sea aplicable en todos los comercios y servicios”, afirmó.

Sostuvo que esto va a depender en la evolución de disponer y la posibilidad de tener en plaza las bolsas biodegradables y bio confortables, que se vuelven abonos. “Estamos trabajando para tener una norma paraguaya en ese sentido, y desarrollar la capacidad de certificación que tiene un costo y nos va a llevar un tiempo más”.

TRABAJO EN CONJUNTO

El presidente de la CAPASU, Alberto Sborovsky, mencionó que después de varios años, y luego de un trabajo en conjunto, entre las instituciones pudieron dar el puntapié inicial. Resaltó que están en condiciones de abastecer las bolsas certificadas que podrán ser reutilizadas. “Hemos sugerido a todos nuestros asociados a cobrar el monto mínimo, establecido de 200 guaraníes”, acotó.

Añadió que, tanto las bolsas que tendrán la certificación como otros tipos de bolsas, de tela, arpillera, van a estar disponibles dentro de los supermercados, de manera que los clientes puedan adquirirlas y volver a utilizarlas.

FECHA ESTIPULADA PARA EL CONTROL

Por su parte, Oscar Cáceres, director general de Comercio Interior del MIC, señaló que el Ministerio empezará el proceso de control con el INTN y que todas las empresas de plástico tienen que empezar su proceso de certificación para estar en condiciones de vender sus bolsas, en el tiempo de ajuste que va desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre.

A partir del 1 de noviembre se comenzará a penalizar a los negocios que no utilizan las bolsas certificadas por el INTN. El objetivo de la Ley es la sustitución de las bolsas de un solo uso, y la disminución del uso de las bolsas de hule, y para ello se propone la sustitución por bolsas reutilizables, que pueden ser de material virgen, reciclables, biodegradables o bio confortables.

La ley establece multas, para quienes incumplen las normas, que van de 10 a 500 jornales mínimos.

LEY 5414/2015

Cabe resaltar que la Ley 5414/2015 tiene por objeto regular el consumo de bolsas de polietileno de un solo uso, entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para el transporte de productos o mercaderías adquiridas, reemplazándolas por bolsas reutilizables o biodegradables.

En ese sentido, está previsto el inicio de la aplicación de la Ley a partir del 1 de julio. Para el efecto, se contempla un proceso de ajuste y transición, a fin de que todas las empresas productoras de las bolsas reutilizables puedan obtener la certificación necesaria ante el INTN, para satisfacer la demanda que tendrán por parte de los negocios, quienes deben facilitarlas a los consumidores, de conformidad a lo establecido en la Ley y sus reglamentaciones.

Este periodo de transición estará comprendido desde el 1 de Julio al 31 de Octubre de 2021 bajo monitoreo del MIC, en donde todas las industrias productoras de bolsas reutilizables deberán encontrarse en proceso de certificación, pudiendo utilizar todo el stock de bolsas de un solo uso hasta agotarse.

De manera que a partir del 1 de noviembre todos los negocios deben disponer de las bolsas reutilizables (de material virgen o material de alto contenido reciclado), certificado por el INTN, y estableciéndose controles aleatorios para garantizar de cumplimiento de la Ley N° 5414/2015, contemplándose multas previstas entre 10 a 500 jornales mínimos para los negocios infractores a partir de dicha fecha.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.