En el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, convocada para las 8:30, figura el proyecto de Suministro y Contrataciones Públicas, elaborado por el Ejecutivo a través de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) y por ende, con entrada oficial a través de la Cámara de Senadores.

La propuesta fue aprobada en el Senado y posteriormente modificada en Diputados, que devolvió el texto a la Cámara de Origen, la cual se ratificó en su versión original y la remitió nuevamente a la Cámara Baja. 

El titular de la DNCP, Pablo Seitz, explicó que la discusión pasa por 15 artículos modificados para aflojar requerimientos a proveedores de merienda escolar, a iniciativa de la diputada Celeste Amarilla, quien precisamente cuenta con un negocio en el rubro.

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Los proveedores de merienda escolar se verían favorecidos con las modificaciones.

Los cambios introducidos impedirían que se puedan medir la salud financiera de las empresas y otros elementos referentes a la calidad y certificación.

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Amarilla es conocida como la reina del almuerzo esco­lar, debido a la cantidad de licitaciones adjudicadas a las empresas Pinoty y Arcángel SA, dos de las firmas con las cuales se la vincula.

Pablo Seitz, titular de la DNCP y Celeste Amarilla, diputada del rubro merienda escolar, quien planteó las modificaciones.

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En cuanto al resto de la ley, presenta pilares ineludibles que vuelven más estricto al proceso y algunos son:

Competitividad: más y mejores proveedores, con un sistema de registro obligatorio de oferentes, a fin de que el Estado sepa de antemano qué proveedores serán sus nuevos socios.

Control: nuevas posibilidades de análisis en donde se estudia no solamente a los proveedores, sino a todas las empresas vinculadas a ellos.

Compras de triple impacto: se reforzará lo económico, lo social y lo ambiental en las adquisiciones. Además se incorporará a muchas firmas locales que hoy no cuentan con un espacio merecido en el mercado de las compras públicas. Las Mipymes tendrán un mejor acceso.

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ROL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

La normativa dispone la posibilidad de compras conjuntas, para las cuales, el Ministerio de Hacienda detectará rubros específicos en los que serán aplicables este tipo de adquisiciones unificadas. En esta modalidad conjunta, solamente los municipios quedarán exentos de la obligatoriedad.

Las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria aconsejan ratificarse en la versión Diputados. La de Presupuestos dictaminó a favor de la versión del Senado.

La legislación tendrá sanción ficta el 29 de noviembre próximo en caso de que las cámaras continúen en la indefinición.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.