De acuerdo los documentos verificados en el portal de contrataciones públicas, el TSJE recibió un total de 55 consultas de los distintos oferentes respecto a las condiciones del pliego de bases y condiciones para presentarse a la licitación de 15.000 máquinas para voto electrónico.

De esas empresas, cinco manifestaron su interés de ofrecer los equipos tecnológicos, según había confirmado el propio presidente del TSJE, Jaime Bestard. Se trata de firmas provenientes de Corea, España, Canadá, Venezuela y Argentina. Finalmente solo estas dos últimas empresas se presentaron tras las irregularidades denunciadas por supuestamente estar dirigida la licitación.

Las que participaron de la apertura de ofertas son Magic Software Argentina (MSA), en consorcio con la firma paraguaya Excelsis, y la venezolana SmartMatic International Holding, que fue la firma que denunció el supuesto direccionamiento de la licitación hacia la empresa argentina.

Estos son los cinco puntos de la protesta presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas:

1- Licitación dirigida: El Tribunal Superior de Justicia Electoral exige que la boleta de voto deberá imprimirse en papel de 90 gramos, dejando de lado a multinacionales dedicadas exclusivamente al ámbito electoral, en beneficio de la argentina MSA, la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles de estas características.

2- Licitación dirigida (II): El pliego de bases y condiciones exige que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas, pero con batería interna. Afirman que la argentina MSA es la única que cuenta con máquinas que tienen batería interna de 12 horas.

3- Riesgo de “hacheada” en elecciones: Existe la posibilidad de utilizar código QR y/o el chip RFID para el almacenamiento de los datos. Este último no es utilizado para eventos electorales por su inseguridad. De hecho, ningún oferente, a excepción de MSA, ofrece el chip RFID.

4- Tecnología obsoleta: En términos informáticos esto suele darse cada 36 meses. El pliego de la licitación no lo señala abriendo la puerta a que oferentes puedan cotizar equipos viejos, con más de 30 meses de fabricación, lo cual podría afectar su desempeño, confiabilidad y seguridad.

5-Empresas sin experiencia: El pliego de bases y condiciones no exige como requisito la experiencia de los oferentes en elecciones nacionales, lo que habilita a empresas sin experiencia a participar de la licitación.

LO QUE PROPONE EL TSJE

El Coordinador General de la Comisión Especial para la implementación del Voto electrónico, Luis Alberto Mauro, detalló a radio Universo que el sistema será touch, por lo que el elector deberá tocar la pantalla en la lista de intendentes para optar por su preferido. Luego en la nómina de los concejales procederá a hacer lo mismo. Tras esto el votante debe dar su consentimiento al ver por quiénes sufragó. Luego de esto se imprime el boleto, el cual debe llevarse a la mesa de votación para la firma de los miembros. Como es tradición, por último se debe introducir en las urnas de plástico.

Una vez que termine la votación, se sacan los boletines de voto de la urnas y se pasan frente a la máquina de votación, de esta manera se suma automáticamente, como una especie de calculadora, de acuerdo con Mauro. Este conteo electrónico podrá hacerse mediante un código QR (tal como propone una de las empresas oferentes) o chip (que presenta la otra firma concursante) en las boletas. La información del conteo de votos estará encriptada por el TSJE y formarán parte del conteo rápido preliminar del sistema TREP.

El entrevistado aclaró que la empresa que proveerá los equipos únicamente alquilará y no participará en las elecciones, ya que el trabajo lo hará en un 100 % la Justicia Electoral paraguaya. “No habrá privatización del sistema de votación”, acotó.

Así también dijo que en este caso no se trata de urnas electrónicas, siendo que son solamente máquinas de votación, cuya característica principal es que no guarda los votos al no contar con un disco duro ni estar conectadas a una red, solamente pueden imprimir el voto y luego sumar.

TEMOR EN PARTIDOS POLÍTICOS

La senadora Desirée Masi aseguró ayer que desde el Partido Democrático Progresista (PDP) ven con mucha preocupación la eventual utilización de las urnas electrónicas. En tal sentido, recordó que las empresas Starmatic y Magic Software Argentina (MSA) -que se han presentado a la convocatoria del TSJE- ya poseen varias denuncias en países de la región.

Por su parte, el senador Fidel Zavala (PQ) sostuvo que hay países que salieron del sistema de urnas electrónicas y volvieron al método convencional mediante el uso de papeletas, tal y como es el caso de Brasil.

Mientras que el diputado cartista Basilio Núñez y el senador oficialista Enrique Bacchetta expresaron la intención de eliminar el voto electrónico en la ley de desbloqueo, a causa del alto costo y la supuesta inseguridad.

AGRANDAN MILLONARIO PRESUPUESTO

Según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el nuevo sistema -a ser utilizado en las próximas elecciones municipales del 2020- tendrá un costo máximo de G. 138.460 millones (alrededor de US$ 22 millones).

A esa cuestionada implementación del voto electrónico se suma una nueva polémica. Esta vez, se trata de una millonaria licitación convocada por el TSJE para la “remodelación y ampliación” del depósito donde serán almacenadas las urnas electrónicas. Solo para ello, el monto final asciende a alrededor de US$ 1,8 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.