El abogado Raúl Sapena Giménez, representante legal de Rubén Ramírez Candia, anunció la presentación de una demanda contenciosa administrativa contra la resolución del BCP que sanciona a varios exintegrantes del directorio de Interfisa.

El primer motivo de nulidad del documento es que deriva de una sesión del BCP en la que no hubo quórum legal, pues, de los tres directores, solamente estuvieron dos y el presidente.

Además, José Cantero participó como presidente pese al claro impedimento, considerando que debía abordarse un tema de su interés, ya que, la Superintendencia de Bancos en su denuncia dijo que las irregularidades contables se dieron desde el año 2016 cuando José Cantero era gerente general de la entidad.

Otra razón que invalida la resolución es que fue emitida sin respetar los plazos de carácter perentorio, pues, una vez ordenado el sumario, los antecedentes debieron remitirse a la unidad jurídica en un tiempo de tres días, sin embargo, lo hicieron luego de 16 días.

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La defensa añade que, el procedimiento caducó, dado que, durante la investigación transcurrieron seis meses de inactividad injustificada, lo que configuró la caducidad de la instancia administrativa.

Un aspecto no menor es que, el BCP limitó el sumario a la información requerida entre el 10 de julio del 2018 y el 20 de febrero del 2020, mientras que las sanciones fueron hechas con anterioridad a ese periodo, es decir, en un tiempo que no formó parte del sumario.

Por último, el abogado califica la decisión de “claramente arbitraria e injusta”, pues atribuye una misma responsabilidad a todos los miembros del directorio del banco, obviando o desconociendo las circunstancias de cada caso.

La sanción aplicada es de 150 salarios mínimos (G. 382 millones) a los exdirectivos y de 1.500 salarios mínimos (3.825 millones) a la entidad jurídica por supuestas fallas administrativas como: falta de provisionamiento y mala exposición de estados contables.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.