“Para mí está claro que muchas personas tienen miedo de hablarme. Mucha gente tiene miedo de escribirme, de que mi teléfono esté siendo vigilado”, explica en este informe la periodista marroquí Aida Alami, que trabaja para The New York Times.

En México, el país más letal para los periodistas en el hemisferio occidental, se descubrió que algunos de ellos fueron espiados, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal, asegura Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Desgraciadamente, la situación reguladora y la capacidad de las autoridades para interceptar las comunicaciones siguen intactas”, asegura García, cuyo grupo apoya a los periodistas que han sido objeto de espionaje con Pegasus, un programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group en el verano boreal de 2021.

Para el húngaro Szabolcs Panyi, periodista de la publicación digital Direkt36, cuyo nombre apareció en la lista de personalidades espiadas por Pegasus, “el mayor miedo actualmente es que este caso tenga un efecto disuasivo en las fuentes” y sea “un obstáculo para nuestro trabajo durante mucho tiempo”.

Este sentimiento es una de las principales constataciones del CPJ, con sede en Nueva York, que recuerda la solicitud presentada por “más de 180 organizaciones no gubernamentales” y expertos de la ONU de una moratoria sobre la venta, el uso y la transferencia de tecnologías relacionadas con estos programas espías, mientras se crea un marco regulador que garantice el respeto de los derechos humanos.

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Más preocupante para el CPJ es que “los viejos métodos de defensa no funcionan” contra la “nueva generación de programas espías”, que pueden infiltrarse en un teléfono sin que el usuario abra un enlace o descargue un documento adjunto, sino simplemente mediante un simple “llamada sin respuesta”, o un “SMS invisible”.

El comité, que detalla casos de cuatro países (México, Hungría, Marruecos e India), advierte que “incluso en las sociedades democráticas, la voluntad política de limitar los programas informáticos espías” con fines de lucha contra el terrorismo “puede fallar”.

Más allá de una moratoria, el CPJ reclama que se restrinjan las importaciones y exportaciones a países que convierten estas tecnologías en instrumentos de represión y la creación de un tratado internacional que limite su comercio.

Para las empresas que desarrollan este tipo de programas, el comité solicita que se comprometan públicamente en favor de la libertad de prensa, e incluyan cláusulas explícitas de prohibición de espiar a periodistas en los contratos y licencias, así como la posibilidad de revocar el acceso a los programas espías cuando se detecte un abuso y lo señalen.

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PARAGUAY

En el caso de nuestro país, tampoco escapa del problema que conllevan estos aparatos espías. Aquí el periodismo de investigación consiguió la caída de importantes y poderosos políticos y empresarios gracias a las publicaciones que revelaban sus “trapitos sucios”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.