El ministro de la SEAM, Rolando De Barros Barreto, firmó la Resolución N° 120 que “declara contingencia ambiental en todo el territorio nacional” con el objetivo de “precautelar la salud de la población y los recursos naturales en ella implicados”.

Dicho dictamen dispone medidas de mitigación de impacto ambiental debido a la falta de una adecuada gestión de residuos sólidos urbanos y el procesamiento deficiente de desechos domiciliarios (basuras).

El objetivo principal es mitigar la proliferación del vector biológico transmisor del dengue, el zika y la chikungunya, en este caso el mosquito Aedes Aegypti.

Según menciona el comunicado de la SEAM, la decisión estará siendo comunicada a los distintos gobiernos departamentales, quienes tendrán nuevamente a su cargo la tarea de notificar a las respectivas municipalidades.

La declaración impone a los municipios de todo el país que cuenten con sitios de disposición final de residuos, además de reiterar la obligación de presentar ante la SEAM sus correspondientes Programas de Emergencia y Planes de Contingencia Ambiental de Manejo Integral de los Residuos Sólidos.

Asimismo, todos los prestadores de servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos y hospitalarios están obligados a actualizar sus respectivos Planes de Contingencia y Emergencia, debiendo incluir una pileta de lixiviados, el módulo que se encuentra activo para la disposición de los residuos, los caminos de acceso, los sitios utilizados para la segregación por los Recicladores, diques de contención, canales de colección de aguas pluviales.

La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) junto con otras dependencias de la SEAM se encargarán de fiscalizar el cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales establecidas en la resolución de contingencia ambiental.

Los propietarios de inmuebles ubicados dentro del área municipal donde se ha detectado y declarado un brote de dengue, zika o chikungunya, deberán proceder a la limpieza del mismo en un plazo no mayor a 5 días contados a partir de la publicación de la resolución.

Desde la SEAM recuerdan que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de contingencia ambiental hará pasibles de sanciones administrativas a los responsables con multas que pueden llegar hasta 10.000 jornales conforme a lo previsto en el Decreto N° 2.598/14, además de la denuncia ante el Ministerio Público.

Los municipios, empresas privadas, instituciones públicas o personas físicas, que incumplan con la disposición deberán ser denunciados por la SEAM si no adoptan medidas para combatir el dengue.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.