Francisco Meza, presidente de la Coordinadora Frutihortícola del Paraguay, indicó a la radio 650 AM que de momento optaron por retirarse de la ruta 2, donde ayer se manifestaron, bloquearon la arteria y fueron duramente reprimidos por la Policía Nacional. Al menos una docena de protestantes quedaron detenidos.

“Ayer nos reprimieron sin ni siquiera avisarnos que teníamos 10 minutos para despejar la ruta”, mencionó y sostuvo que de esta manera fueron tratados como criminales, siendo que solo exigen el control de los productos frutihortícolas que ingresan de contrabando.

Así también cuestionó que con este gobierno “regresó el stronismo”, con prácticas de represión a los manifestantes. “Nosotros no tenemos sueldo fijo. El estado debe garantizar que nuestros productos puedan ser vendidos todos”, agregó en otro momento.

Desde las primeras horas del martes, un contingente de productores frutihortícolas venía realizando un bloqueo a la altura del kilómetro 150 de la Ruta 2, en la zona conocida como desvío San Pedro, jurisdicción de Coronel Oviedo.

Los tomateros organizaron la protesta para exigir al gobierno el combate al contrabando y, así también, la destitución del titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Rodrigo González Navarro, junto con la del Comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez.

Tras más de 8 horas de cierre y un fallido intento de diálogo, finalmente los efectivos de la Policía Nacional decidieron utilizar la fuerza para despejar la ruta y normalizar la circulación vehicular. Para el efecto, se valieron de carros hidrantes, gases lacrimógenos y balines de goma.

Euclides Acevedo remarcó su postura en contra de los cierres de ruta, asegurando que “no permitirá que se vulnere el derecho de terceros a circular”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.