Durante la verificación de las obras de la construcción de la penitenciaría en Emboscada, el mandatario Mario Abdo Benítez fue consultado por la prensa respecto al escándalo desatado en torno al ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, quien integra su primer anillo. Un prestanombres suyo reveló que, en su época de gobernador del Guairá, este político realizó millonarias tragadas de dinero mediante el almuerzo escolar.

El Presidente aseguró que no vio el programa periodístico que expuso el modus operandi del político guaireño. “Voy a mirar las denuncias, voy a hablar con él, no pude ver ayer. Me voy a interiorizar”, prometió.

En otro momento dijo que permanentemente se analiza la posibilidad de cambiar a los integrantes de su gabinete de ministros.

Por otra parte sostuvo que es necesario buscar la reconciliación colorada, para que exista estabilidad en este momento de crisis. Aseguró que la clase política debe apostar por la reactivación económica, antes que los intereses personales. “Nuestra madurez política le afecta a toda una nación”, acotó.

Respecto a la falta de firmeza contra la corrupción, dijo que “la corrupción no depende del Poder Ejecutivo, para eso está el Poder Judicial y la Fiscalía, yo no le puedo meter preso a ninguno. Hicimos una renovación de la Corte y está gente bien puntuada. Yo no puedo entrar en el rol de otro poder”.

CASO FRIEDMANN

Ayer el programa La Caja Negra expuso que una empresa ligada al exgobernador Rodolfo Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento cuando éste aún ocupaba el cargo. Así lo confirma Hugo Alexander Torales Viveros, quien aparecía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo éste gobernador.

La empresa ESSA fue creada originalmente por el ahora diputado Ever Noguera, alias “el rey de las licitaciones”, quien en el 2016 cuando iba a lanzarse a la arena política vendió todas sus acciones a Torales, quien ya era accionista de la SA.

En su momento, se mencionó que Torales oficiaba de testaferro de Friedmann, quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo.

Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación cambió la situación y se apropió de la firma según denuncia ahora Hugo Alexander Torales en una entrevista exclusiva en La Caja Negra (Unicanal).

El prestanombre revela que el entonces gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, aportó en concepto de capital operativo G. 1.700 millones con la condición de que el 80% de las utilidades de la empresa serían para él.

En el transcurso de la tarde de ayer se reportó el hallazgo de un lote de medicamentos abandonados en la ciudad de Ypané.

Se trata de cuatro cajas de fármacos pertenecientes al Laboratorio Bagó, que fueron dejados en un terreno baldío.

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Pobladores del barrio donde se produjo el hallazgo denunciaron el hecho y expresaron su preocupación ante el temor de que niños que cruzan por la zona pudieran llevarse los productos.

“Esto queda de camino a una escuela, hay criaturas pequeñas que generalmente van por la tarde”, refirió una de las pobladoras al canal C9N.

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La mujer dijo desconocer quién fue la persona que llegó hasta el sitio para dejar los medicamentos y el motivo por el que decidieron abandonarlos allí.

Varios de los fármacos ya se encuentran vencidos, según se pudo constatar al hacer la revisión de las cajas, aunque hay otros que aún poseen validez conforme a su fecha de fabricación.

La madre de Matías Vicésar (21), Raquel Vicésar, denunció en charla con Visión Comunicaciones que existen muchas irregularidades en el proceso abierto contra el radiólogo Gabriel Ayala, quien fue el responsable de haber ocasionado el accidente.

La madre explicó que habían recusado al juez de Guairá, Víctor Ortigoza, por aparente pérdida de imparcialidad, y que de manera meteórica un Tribunal lo confirmó en el cargo e inmediatamente se fijó la audiencia.

“De la nada se llamó a juicio oral, siendo que se recusó al juez por parcialidad. Mientras estábamos esperando la resolución, a mi hija le avisan que el tribunal confirmó al juez a las 12:10, y que ya se convocó a la audiencia a las 12:30. La contraparte consiguió a todos sus testigos, mientras que nosotros tenemos a un testigo que es de Encarnación y otro que estaba trabajando en ese momento. Por lógica se debe hacer una notificación previa. Me duele mucho eso”, expuso.

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En otro momento, la mujer lamentó que la contraparte denunciada pretendió instalar mentiras, responsabilizando a su hijo de lo ocurrido. Afortunadamente, tras mucho insistir se pudo conseguir un video de circuito cerrado, mediante el cual se supo lo que verdaderamente ocurrió. “La fiscal Gladys Giménez nos trabó al principio, y tuvimos que hacer una querella adhesiva para poder acceder al video. Nuestro abogado accedió y vimos que mi hijo no fue el culpable”, agregó.

También indicó que, uno de los testigos dijo que al radiólogo le preocupó más cómo estaba su auto antes que el joven atropellado, quien estaba tirado en el suelo y no recibió la asistencia oportuna, lo cual podría haber cambiado su situación.

Para el próximo viernes, a las 09:00, está previsto que continúe el juicio contra Gabriel Ayala. La familia de Matías espera conseguir justicia.

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El 25 de junio del 2023, en horas de la noche, Matías Vicésar Leiva sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Estuvo involucrado en el accidente el automóvil conducido por el radiólogo Gabriel Ayala Irala, funcionario de blanco de la ciudad de Villarrica.

El percance se registró sobre la calle Avenida España y 25 de noviembre, en la esquina del hospital regional de Villarrica, cuando el joven transitaba a bordo de su motocicleta rumbo a su domicilio tras su jornada laboral, momento en que le salió al paso -aparentemente de manera imprudente- el conductor del rodado.

Marías se encuentra actualmente en su casa, con muerte cerebral, luego de haber estado seis meses en el hospital.

El mismo fue identificado como Julio Ramón Cáceres Carrillo, 52 años, quien es acusado por falsificación de documentos para los delincuentes. El hombre ya se encontraba suspendido desde el año 2023 por una causa similar, sin embargo seguía generando documentos que falsificaba para sus “clientes”.

El allanamiento y detención se produjo sobre las calles Milano y Juan E. O’Leary, de la capital, en donde el sujeto tenía montado su oficina y vivienda.

Las tramas fraudulentas afectaron a muchas personas que caìan en la trampa que se presentaba de manera legal, pero cuyo contenido estaba plagado de falsificaciones de documentos públicos.

Según investigadores, el escribano acusado tendría conexiones cómplices en entes en los que necesariamente deben registrarse las transacciones de bienes, así como en el ámbito judicial. Esto a partir de la forma rápida en que se despachaban los casos, así como el acceso a planillas hojas de documentos en blanco, que eran llenadas con datos falsos. Esta posibilidad ya saltó al tapete en otras ocasiones en donde incluso se vieron involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial.

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