Hace unos meses atrás, varios frentistas de Fernando de la Mora habían expresado su malestar a raíz de que no llegaron a ser censados y, por ende, no recibieron el subsidio tras ser afectados por las obras del metrobús.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) decidió habilitar una oficina en el predio de la Dirección de Extensión Agraria del MAG (Km. 11-Ruta Mcal. Estigarribia) para que aquellos comerciantes que por algún motivo no formaron parte de dicho censo tengan la oportunidad de registrarse.

Tras culminar el período de registro -que se extendió desde el 25 de enero hasta el 28 de febrero-, la cartera estatal informó que unas 304 personas se habían acercado a la oficina a fin de anotarse para acceder a los subsidios.

En promedio por día, se recibieron 12 solicitudes de frentistas no censados durante la primera etapa de construcción del tramo 3 del corredor central del metrobús que se extiende desde la Universidad Nacional de Asunción (UNA) hasta la Avda. Madame Lynch.

Con el cierre de la etapa de atención al público y la recepción de las solicitudes finalizó la primera etapa del proceso de ejecución del “Programa Temporal y Limitado de Asistencia a Comercios Frentistas en Situación de Vulnerabilidad de las Obras del Metrobús”, creado por Decreto N° 567 del 1 de noviembre de 2018.

Este mecanismo prevé el pago de subsidios a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) a los propietarios de negocios que se vieron afectados por los trabajos de Mota-Engil sobre la ruta Mcal. Estigarribia. En su primera etapa -desarrollada a fines del año 2018-, el mencionado programa benefició a un total 160 comerciantes.

En las siguientes semanas, la actividad principal se centrará en el análisis de cada una de las carpetas admitidas para determinar quiénes serán beneficiados con el subsidio, cuyo desembolso marcará la última etapa del proceso.

El monto del subsidio para cada frentista afectado es de casi G. 15.000.000, según había detallado en su momento Óscar Stark, gerente del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús del MOPC.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.