El diario Clarín señala en su edición de hoy que los peritos de la Policía Bonaerense están analizando la pistola Bersa modelo Thunder Pro calibre 9 milímetros que pertenecía a Villar Cataldo y sobre el pistolón calibre .16 marca Rexio sin numeración que poseía el asaltante Krabler.

El medio argentino señala que el primer punto de peritaje fue establecer por un lado si ambas armas eran aptas para el disparo, pero también intentarán determinar la trayectoria de los disparos efectuados por el médico para establecer la mecánica de los mismos y poder verificar si es coincidente con lo que declaró en su indagatoria.

En principio, dice la crónica periodística, los especialistas le adelantaron a la Justicia que el médico hizo los cuatro tiros desde corta distancia. Esto podría poner en crisis su versión: que cuando tiró estaba amenazado de muerte y que tiró al bulto. Todo indica que estaba en una posición “cómoda” de tiro.

Además, los peritos analizan el auto Toyota Corolla del médico, para ver si allí quedó algún rastro que no pudo ser levantado en una primera inspección realizada apenas ocurrió el hecho, refiere en su página web Clarín.

En su indagatoria el médico paraguayo, radicado desde hace tiempo en el vecino país, contó que después de que fue atacado a golpes por el delincuente y arrojado al piso se arrastró hasta el cantero donde había dejado su pistola 9 milímetros y le disparó cuatro balazos, justo en el momento en el que el asaltante lo apuntaba con un pistolón y le gritaba “te voy a matar hijo de p…”.

La duda de la Justicia pasa fundamentalmente por saber si los disparos realizados por el médico fueron efectuados mientras estaba siendo amenazado y apuntado por su agresor, lo que justificaría la “legítima defensa”. El anticipo de la pericia pondría en duda este punto.

El hecho sucedió el viernes de la semana pasada a las 21, en el cruce de El Ombú y El Pensamiento, en Loma Hermosa, cuando Villar Cataldo salía de su consultorio a bordo de su Toyota Corolla y fue abordado por un joven armado con un pistolón.

Tras mantenerlo detenido hasta el martes, el juez de Garantías 2 de San Martín, Lucas Oyhanarte, decidió excarcelarlo bajo una fianza millonaria, mientras continúa el proceso tendiente a determinar si actuó o no en legítima defensa.

El profesional de la Medicina habló y dijo sentir mucha vergüenza de lo ocurrido. Hasta pidió disculpas a la madre del marginal fallecido. “Si a esa madre le tengo que pedir perdón, le pido perdón. Yo nunca tuve la intención de sacarle a su hijo”, expresó notablemente conmovido el medico mirando a cámara para luego agregar “fue una defensa”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.